Hoy se discute el requerimiento de la vacunación contra la COVID-19: una vacuna que ha convertido una enfermedad potencialmente mortal en una con la que nos ha tocado aprender a convivir, permitiéndonos volver a una semi-normalidad. En su objetivo, estos requerimientos han demostrado lograr que las personas se vacunen, ¿pero están justificados?, ¿son proporcionales?
El contexto es que hoy nos enfrentamos a Ómicron, una variante mucho más contagiosa, capaz de infectar en mayor medida a vacunados. De ahí que se argumente que “la vacuna no funciona y su requerimiento tampoco, porque las personas siguen contagiándose”. Sin embargo, si bien la vacuna ha demostrado disminuir la carga viral y la transmisión del virus, su cometido principal es evitar muertes, hospitalizaciones y el colapso del sistema de salud.
Ómicron, aunque cause una enfermedad generalmente leve, sigue representando una amenaza a los sistemas de salud, especialmente a uno tan frágil y limitado como el nuestro. No solo por quienes deben ingresar hospitalizados, sino por el personal de salud que debe dejar de trabajar por haberse contagiado. Más personas vacunadas representan una mayor resistencia a la enfermedad y menor presión en el sistema de salud. Por otro lado, mientras más personas se vacunen, menor es la probabilidad de que aparezcan otras variantes más peligrosas y agresivas.
Por tanto, la evidencia hoy acompaña las intenciones de la política pública de protección a la colectividad, lo que hace que el requerimiento de vacunación sea una medida justificada y proporcional -debiéndose implementar según los lineamientos constitucionales y legales para el efecto-. No obstante, el ejercicio de analizar las circunstancias y datos que rodean esta medida sigue siendo necesario, pues al ser cambiantes, podrían reforzarla o incluso, dejar de justificarla a futuro.