Transformar la administración pública

Rodrigo Contero Peñafiel

Parte del Gobierno se organiza en ministerios creados por decretos presidenciales, además, hay organismos creados por leyes emanadas desde el Poder Legislativo; todos ellos con el objetivo de ofrecer servicios de calidad a la colectividad. El problema empieza con la designación y el desempeño de funcionarios y servidores nombrados por directivos, a su vez elegidos por los gobernantes de turno.

Cuando asume un nuevo gobernante, la ejecución de políticas de Estado y la planificación de obras o su continuación suelen quedar sin efecto o sufrir paralizaciones, porque simplemente están en desacuerdo con ellas o de pronto hay interesados en hacerlas a como dé lugar, acrecentando el número de burócratas en el sector público y permitiendo que el sistema siga siendo ineficiente en su accionar. Esto ha dado lugar a una administración obesa, con duplicación de funciones lentas e ineficaces, que molesta y enoja a los usuarios, lo que permite la presencia de tramitadores cuya actuación ilegal incide en la economía del país.

Hay organismos en los cuales, los funcionarios defienden los intereses del Estado, en apariencia, como a la hora de establecer avalúos para imponer impuestos y heredar; la sobrevaloración y la lentitud burocrática es tal, que los inmuebles quedan años en el abandono sufriendo graves deterioros, sin la menor preocupación por parte de los servidores públicos encargados de los trámites que quedan paralizados. Es increíble el incremento de la papelería en la era informática y la ubicación inadecuada de personal que debería trasladarse a otras entidades que los requieran, propendiendo a la eliminación de la burocracia innecesaria. A manera de ejemplo, que el Ministerio de Economía o el SRI asuman las funciones de Inmobiliar.

Es momento de realizar un estudio profundo con la participación de la Academia para propiciar los cambios indispensables en el país, establecer el universo de trámites en todas y cada una de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, en el afán de mejorar la atención ciudadana y con firmeza establecer los correctivos necesarios y eliminar las gestiones que ocasionan pérdida de tiempo y dinero.