Rodrigo Contero Peñafiel
La protección de la vida y el bienestar de las personas es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una obligación de los Estados. Con la mora patronal, el Ecuador excluye a las personas de las prestaciones de salud y jubilación, lo que impide dar la cobertura que por obligación le corresponde brindar a trabajadores y jubilados, frente a las enfermedades, la vejez, la discapacidad y los accidentes laborales. Las acciones administrativas que lleva adelante el IESS adolecen de graves errores conceptuales; afiliados y jubilados se verán seriamente afectados ante los pronunciamientos de dirigentes que han politizado el tema, hasta llegar a la Asamblea Nacional y convertirlo en botín político.
Para evitar esta catástrofe, el artículo 424 de la Constitución de la República señala que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Por otra parte, el Estado, al haber incumplido con el pago obligatorio del 40% al IESS, ha desfinanciado las prestaciones de vejez, salud, invalidez y muerte, rompiendo el equilibrio financiero y provocando una profunda crisis social de impredecibles consecuencias.
Las reformas que plantea el Estado deben estar encaminadas a mejorar el mecanismo de revalorización anual de las pensiones, estableciendo el incremento anual de las mismas, como resultado de la inflación promedio de cada año que causa grave perjuicio a los jubilados, que perciben menores ingresos. Reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley del Banco del IESS para recuperar su institucionalidad y armonizar las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, evitará que autoridades sin conocimiento alguno sean nombradas para administrar el IESS.
Sin un sistema de seguridad social responsable, sustentable y solidario, no hay sociedad democrática. La sostenibilidad del sistema depende también de que las autoridades sean nombradas de acuerdo con la ley y no como se les ocurra a políticos iletrados y a “dirigentes eternos” que pretenden actuar desconociendo la Constitución.