En lo que se calificó de acto terrorista, hace varios días en Guayaquil, en el sector Cristo del Consuelo, un atentado con explosivos causó cinco muertos y 17 heridos. Después la Policía capturó al presunto autor: un hombre con antecedentes por asesinato y robo que portaba grillete electrónico. Se afirma que en lo que va de 2022 se han producido 145 atentados con artefactos explosivos.
¿Habremos rebasado un nuevo umbral en materia de violencia y de potencia del crimen organizado? Para nadie es un secreto que hay figuras públicas que practican la mentira con naturalidad y con impunidad. Les acarrea beneficios. En consecuencia, abundan las malas noticias para quien busque respuestas concluyentes, viables, oportunas e inmediatas.
Jamás sentimos que ganamos, más bien lo contrario. Ese sentimiento de fracaso constante nos marca. En este contexto se habla de un referéndum sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos del Estado para atajarla. Sería inútil si a sus resultados no les siguen instrumentos eficaces para frenar a una violencia que tiene por origen la pobreza, el desempleo, una educación ineficiente, servicios sociales renqueantes y la presencia en el país del narcotráfico global.
Se requieren consensos para que lo que el pueblo decida en el referéndum se cumpla, y revisar la cultura de seguridad vigente, las doctrinas militares y policiales, así como las estrategias e inversiones relativas a la seguridad interna y fronteriza, y revisar a fondo nuestra Función Judicial e instituciones penales.
“Amenaza” ha sido una palabra recurrente en nuestros días. Revela una tensión que no ha parado de aumentar en los últimos años, como herramienta de la actividad criminal, y para presionar a que alguien transija o tome una decisión. Un referéndum bajo amenazas corre el riesgo de fracasar antes, incluso, de que se efectúe.