Fue Lenin Moreno quien expidió el decreto que puso fin al subsidio de los combustibles que, hasta el viernes 22, mantuvo el presidente Lasso. Subir mensualmente el precio de diésel y gasolina significa subir el costo de los pasajes, de los productos de primera necesidad. Todo se encarece y los salarios permanecen congelados. Entonces, diversos sectores sociales se movilizan, protestan y exigen el fin de la continua elevación de los precios de los hidrocarburos.
En verdad que la crisis económica golpea, con fuerza, al gobierno y el que al final paga “los platos rotos” es el pueblo, que nunca gobierna ni se endeuda con el FMI, BM, ni con nadie. Recibe, sí, beneficios del Estado en educación, salud, obras públicas diversas, pero siempre en calidades y cantidades diferentes, según la pertenencia de clase. Bajo este sistema, las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales son determinantes y abismales.
Los muchos son condenados a la pobreza, a la insatisfacción de necesidades básicas, al sacrificio permanente que construyen los hornos desde donde surgen los estallidos sociales. Se levantan los campesinos como los arroceros, los trabajadores del campo que ya no soportan los bajos precios de sus productos, los transportistas y los usuarios. Se manifiestan el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, los maestros, los estudiantes, las organizaciones sociales y hasta los pacientes de hospitales que no reciben las medicinas, para continuar en la lucha por la vida.
La economía ecuatoriana requiere de una reestructuración profunda que viabilice la justicia social y que evite la corrupción que se lleva miles de millones de dólares, y sancione, drásticamente, a los evasores de impuestos. Con justicia, otro sería el clima social y de paz.