Hace medio siglo la Unesco se preocupó por los flujos informativos a las comunidades latinoamericanas, por la mala calidad de información en los medios del continente. En coordinación con fundaciones fomentaron la creación de escuelas de periodismo y Ciespal. Mejoró la calidad de información y se multiplicaron los profesionales.
Con la llegada de la televisión, locutores y abogados se convirtieron en comunicadores y aspirantes a políticos, de tal forma que el esfuerzo de la Unesco, si bien mejoró el ejercicio, no pudo cambiar el sistema, que implica la “visión” empresarial ecuatoriana con líneas marcadas y la forma como algunos medios direccionan intereses político-económicos. Ahora, las redes compiten en ese ámbito.
La ley de comunicación se creó con el afán de mejorar el sistema y la calidad de la información. Lamentablemente, la aplicación errática e inexperta dio margen para calificarla de censura y, ciertamente, se cometieron crasos errores que desprestigiaron la arquitectura de la ley.
Ahora se busca cambiar la ley limitándola a enunciados de poca trascendencia. Esperar autorregulación en algunos medios es soñar, como se ve en algunas emisoras de radio y televisión. Igualmente, en las redes cualquiera opina lo que imagina o se le ocurre y dependiendo de sus seguidores se torna una compleja herramienta de difusión de información buena, mala o pésima. La sociedad, en lugar de ser orientada, es confundida a plenitud.
La necesidad de regulación del servicio, en función de los derechos a tener información de calidad y certezas sobre hechos, permitirá que los ciudadanos se orienten objetivamente y no sean víctimas de manipulación mediática, tanto en mensajes comerciales como sociopolíticos, porque el mensaje tiene una intención que debe ser socialmente positiva. Comunicación implica periodismo, pero no son lo mismo.