Paco Moncayo
En 2015 la Asamblea aprobó una serie de enmiendas constitucionales, entre estas la «complementariedad» de las Fuerzas Armadas para que puedan colaborar con la Policía Nacional; sin embargo, la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esta enmienda por la forma de su aprobación. En 2022, en la Consulta propuesta por el presidente Guillermo Lasso, se planteó una pregunta en ese mismo sentido que no fue calificada por la Corte, por considerar que se trataba de una reforma parcial que debía iniciarse en la Asamblea como, en efecto sucedió este 21 de diciembre, con el voto favorable de 125 de los 137 asambleístas, lo cual es encomiable.
Conviene, sin embargo, plantear algunas observaciones sobre el contenido para que se corrijan errores de fondo y forma que se han deslizado. Por ejemplo, referirse a una intervención excepcional, cuando la amenaza se ha vuelto permanente y de alta intensidad; establecer un término de aplicación no justificado; que sea el comandante general de la Policía Nacional quien solicite al presidente de la República la intervención militar, dejando de lado a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad y al Gabinete ministerial de seguridad organizaciones a las que correspondería hacerlo, cumpliendo procedimientos de toma de decisiones que son de aplicación universal; incluir tráfico de armas como acción complementaria, cuando esa es competencia de Fuerzas Armadas; no considerar que es misión constitucional de las FF.AA combatir al crimen organizado en las fronteras terrestres, el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y el espacio aéreo, frente a amenazas que atentan contra la soberanía nacional; etc. La complementariedad debería referirse exclusivamente a las misiones fundamentales que dispone la Constitución para la Policía Nacional.
Una observación también importante se refiere a la disposición de que el personal que realiza el servicio cívico-militar reciba formación ‘estratégica’ de forma permanente y continua, sin diferenciar los ámbitos de lo estratégico, lo operativo y lo táctico. En fin, hay que esperar que en el proceso de la consulta y en la aprobación de las leyes secundarias se corrijan estos errores evidentes.