El presidente de la República ha convocado a una nueva consulta popular, esta vez para superar la grave crisis política y de seguridad que afecta evidentemente al Ecuador. Desde el año 2011 se han realizado cuatro consultas, que conviene recordar antes de iniciar los debates que son indispensables en estos procesos de democracia directa.
En 2007 el presidente Correa convocó a un referéndum para instalar una Asamblea constituyente que redactara una nueva Constitución; en 2008, mediante otro referéndum se aprobó el texto constitucional; en 2011, una nueva consulta reformó la flamante Constitución, esta vez con el fin declarado por el mandatario de “meter la mano en la justicia” para apoderarse de la Función Judicial y coartar la libertad de expresión.
En 2008 se aprobó la organización del Estado como una República, con división de funciones, respeto a las libertades democráticas y prevalencia del poder popular, a través de la participación ciudadana. Esa no era la Carta Magna que convenía al neofascismo llegado al poder. Apoyado en el resultado de la Consulta, el Gobierno creó un Consejo de la Judicatura de Transición, con gente ligada al Ejecutivo para ejercer las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructurar la Función Judicial; modificó el Consejo de la Judicatura y reformó el Código Orgánico de la Función Judicial; aprobó, además, una Ley de Comunicación represiva que incluyó artículos nunca debatidos en el Pleno de la Asamblea.
También organizó los directorios de las empresas públicas con solo tres personas, todas del grupo íntimo; lo propio hizo con la estratégica Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Autorizó contrataciones, inclusive con empresas extranjeras, sin los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías y se obligó a que, en los casos de enriquecimiento ilícito, se requiriera de un informe previo de su Contralor ‘ad hoc’, en el que se determinaran indicios de responsabilidad penal. Los resultados están a la vista: la crisis de corrupción inaudita que ha vivido el país. En 2018, Lenin Moreno convocó la cuarta consulta popular, con el fin de desmontar esta estructura perniciosa, la cual merecerá un análisis particular.