Manuel Castro M.
Es obvio que los narcotraficantes no van a claudicar frente a las enérgicas acciones militares, policiales, judiciales, guiadas por el Gobierno nacional, pues lo principal es su negocio ilícito, tanto que no se detienen ante el crimen, actos terroristas y alarmas de atentados -supuestos o verdaderos- para atemorizar a la población. El crimen organizado: sobornos, vacunas, trata, secuestros, es casi una distracción para que los narcos puedan recibir y enviar la droga al exterior, sin perjuicio de tener bandas armadas que garanticen su criminal negocio. Les falta únicamente captar la mayor cantidad de instituciones públicas, movimientos políticos y otros organismos que les permita la marcha exitosa de su negocio. Lo han logrado en algunos países y en el Ecuador tienen sus sucursales.
Los miembros de pandillas integradas por jóvenes pertenecientes en su mayoría a las clases económicas más pobres del país, no son la “última rueda del coche” de las organizaciones criminales, pues ellos introducen al Ecuador la droga y luego, mediante varios sistemas, disponen el funcionamiento del tráfico efectivo de la droga. Los grandes jefes ni siquiera están en el país. Los actuales, sin importar su edad o inexperiencia, están haciendo carrera delincuencial, tanto que muchos llegarán a ser los futuros capos. Los más avispados serán ostentosos jefes, otros se encargarán del lavado del dinero proveniente de la droga. Los que tengan mejores contactos, y algún título profesional, para comprar autoridades, políticos, sobre todo a jueces y fiscales y acercarse al poder. En Estados Unidos, durante la vigencia de la Ley Seca, surgieron las “mafias” y el crimen organizado que, aparte del negocio de la venta clandestina del licor, tenía a su cargo casinos, el juego, la trata, el pago por la protección a los comerciantes.
Frente a estas realidades, juristas patrioteros, constitucionalistas de ocasión, periodistas y otros sesudos analistas, critican duramente al gobierno por la situación del país, por su inseguridad, por la venalidad de algunos jueces, cuando olvidan que no vivimos en un Estado de Derecho sino sometidos a la Constitución de 2008, invento correísta transnacional, que establece únicamente un Estado de derechos, esto es, una forma legal de anarquía, donde no existe una norma suprema, sino que queda al antojo de los gobernantes, cuyos resultados los hemos visto en los últimos 16 años. Y olvidan que no tenemos una Corte Suprema de Justicia, última instancia para los ciudadanos, donde impere la democracia.