La región latinoamericana, en toda su extensión geográfica y dentro de las particularidades de cada territorio, tiene un denominador común: las profundas diferencias sociales.
También compartimos la tradición indígena e hispana, elementos de la cultura postcolonial mestiza, así como prácticas católicas y fiestas paganas. Pero, sobre todo, tenemos en común la debilidad de nuestra tradición democrática y la falta de institucionalidad del Estado latinoamericano.
Las brechas económicas y sociales que se repiten en cada país de la región, constituyen el gran desafío que, desde gobiernos de izquierda, ni de derecha, han logrado superar.
En lo que va del siglo XXI esta problemática ha puesto a tambalear la vigencia del estado-nación. Ha transcurrido la primera mitad del año 2021, y el estallido social de Colombia, así como el proceso constituyente de Chile (fruto de un estallido social previo) y los resultados electorales de Perú, México y Ecuador apuntan a que la sociedad exige una redefinición del orden constituido. En todos los casos se denuncian las diferencias sociales que van más allá de lo económico.
Los niveles de pobreza ciertamente se han superado significativamente. Chile es el caso más evidente, pero en Perú y en Ecuador los últimos años también se ha mejorado niveles de acceso y servicios. Sin embargo, esto no es suficiente, no solo porque estos avances se revirtieron por la pandemia del COVID-19, sino porque más allá de lo económico las diferencias sociales marcan distancia y rupturas muy severas que persisten.
Las sociedades latinoamericanas pujan por desarrollarse dentro de regímenes democráticos que no terminan de cuajarse. En este lado del mundo, lo que está pendiente de revisarse es el gran pacto social, aquellos acuerdos mínimos de convivencia y organización social que anteceden y trascienden a cualquier constitución y norma escrita.