María Paz Jervis
Esta semana se celebró en Quito la 7ª Semana Regional de la Integridad, en el marco del proyecto bilateral de la GIZ Ecuador, Ecuador SinCero-Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. El evento nos propuso, entre otros temas relevantes, la reflexión sobre la cooperación entre el sector público y el sector privado en la lucha contra la corrupción.
Cuando hablamos de corrupción nos vienen a la mente escándalos de millonarias sumas de dinero en algunos contratos del Estado y con frecuencia involucra a funcionarios públicos que se enriquecen a costa de la ciudadanía. Inmediatamente pensamos en las leyes que deberían crearse para evitar que esto ocurra o eventualmente en la normativa que debe aplicarse para sancionar estos hechos delictivos. Pero en el Ecuador, ya deberíamos aceptar que ni lo uno, ni lo otro suele llegar a buen puerto. Evidentemente contamos con amplia normativa que sanciona la corrupción en sus distintas formas y estas disposiciones legales son perfectibles, pero es el momento de redireccionar nuestro esfuerzo hacia la prevención de estas prácticas.
Si bien es cierto que el sector público es susceptible de ser corrompido, nosotros podemos garantizar que al otro lado no existan actores que puedan corromperlos. Es decir, evitar la corrupción es un trabajo de doble vía y nos involucra a todos. La sociedad civil es clave para garantizar la integridad y la ética.
Desde el sector productivo creemos que es tiempo de unirnos como empresas de todo tamaño y trabajar con prácticas anticorrupción desde cada uno de nuestros sectores.
Desde la sociedad civil tenemos la oportunidad histórica de incorporar prácticas y estándares de ética e integridad empresarial en nuestros ADN corporativo, para combatir la corrupción y aumentar su rentabilidad.
La ética y la integridad son buenos negocios; ahí ganamos todos. Mientras que con la corrupción todos perdemos.