En economía, la información se considera un bien público; es decir, un bien que está disponible a todos y cuyo uso por una persona no excluye a otros de su uso o beneficio. En derecho, un bien público es el que pertenece a todos los habitantes de una nación y cuya administración suele estar a cargo del Estado. Estos conceptos no son iguales, pero cuando hablamos de información pública, existe una intersección de ambos.
Aunque el acceso a la información pública es un derecho exigible en nuestro país desde la expedición de Ley de Transparencia del año 2004, las limitaciones han sido evidentes. A pesar de lo fácil que parece ser acceder a información en nuestros días, esta siempre conlleva costos de producción, análisis, verificación, almacenamiento y difusión; y no necesariamente existen los incentivos para incurrir en estos costos, especialmente desde el Estado.
Afortunadamente, el país está dando un giro que permite una mayor accesibilidad de la información publica. En el año 2020, se emitieron tanto la Política como la Guía de Datos Abiertos que hoy se materializan en el Portal de Datos Abiertos, liderado por el MINTEL.
Un gobierno abierto permite a los ciudadanos conocer mejor el accionar del gobierno, y una mayor participación de la sociedad civil puede ayudar al gobierno a diseñar mejores políticas públicas. Esto genera un círculo virtuoso de empoderamiento ciudadano que a su vez, resulta en una mayor y mejor rendición de cuentas gubernamental, mayor producción de información oficial y mayor accesibilidad.
Ese es el ideal. Para esto, el Portal de Datos Abiertos, que hoy es una realidad, debe seguir creciendo y debe contar con los recursos suficientes para poder mantenerse en el tiempo y seguir produciendo la información necesaria que permita que el gobierno y la sociedad civil puedan unir esfuerzos en la construcción de un mejor país.