José Alvear
Se fueron por la salida fácil para esconder la falta de soluciones reales a los problemas de los apagones: ¡La lluvia!
Toda crisis trae oportunidades y la del sector eléctrico, presumiblemente fabricada, debe hacernos entender que estamos pagando una energía cara que no nos deja ser competitivos.
El país ya perdió alrededor de 2 mil millones de dólares por los malos manejos de exfuncionarios del sector eléctrico en 2023. Ahora vemos con preocupación que la actual ministra del ramo, Andrea Arrobo, carente de información y de datos claros, nos da a entender que los apagones dependen de la intensidad de las lluvias, cuando los causantes de esta crisis, por su negligencia y los presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido, son el ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, y el ex gerente de Celec, Gonzalo Uquillas.
Además, estamos en medio del tratamiento de una ley de ‘competitividad energética’ que no garantiza una matriz balanceada entre energías renovables y la generación termoeléctrica. Todo lo contrario, esta normativa parecería que sólo impulsa a las energías renovables no convencionales, sin entender que este tipo de energía no nos garantiza la potencia firme que necesita el Ecuador. Es decir, resulta más cara y es tan solo complementaria.
Para poner un ejemplo, el sector camaronero tiene una demanda insatisfecha de 3000MW/hora; el minero de 1000MW / hora. Esto mientras que la demanda anual crece en un 8%. El proyecto de ley, que se trata en el Legislativo nos habla de condonación de intereses y facilidades para quienes inviertan en generadores. Esto es una solución parche que no acabará definitivamente con los apagones
El gobierno del expresidente Guillermo Lasso no invirtió un centavo para solucionar la situación. Mientras que las autoridades de control nos quedan debiendo, una vez más, ya que no señalan a los responsables de las pérdidas cuando los tienen frente a sus narices.
En este contexto cabe recordar que hubo una compra, con un presunto sobreprecio, aparente peculado. Hace dos meses se denunció este tema que está en manos de la fiscal Consuelo Tapia. Sin embargo, el caso no avanza.