Rodrigo Santillán Peralbo
Estados Unidos aún considera que América Latina es su ‘patio trasero’ y el Caribe su ‘lago particular’, concepciones que le facultan para todos sus procesos intervencionistas que se expresan en golpes de Estado, para liquidar a los regímenes de izquierda y reemplazarlos por dictaduras militares o civiles que sean obedientes a los dictados de la Casa Blanca.
Así ocurre en Perú, en donde el pasado 7 de diciembre fue derrocado Pedro Castillo, un antiguo profesor izquierdista que no pertenece a la oligarquía limeña, pero que se atrevió a plantear profundos cambios que debían comenzar con la disolución del Congreso que había discutido su destitución, como resultado de una campaña orquestada por la embajada de Estados Unidos que, incluso reconoció como presidenta del Perú a Dina Boluarte, antes que terminara de posesionarse como la primera mujer en asumir la Presidencia.
El pueblo protestó, en particular de la Sierra, a favor de Castillo y en contra del gobierno de Dina Boluarte. La represión ha cobrado la vida de más de 30 personas, mientras los heridos y encarcelados se cuentan por decenas. Como siempre, el pueblo pone los muertos y heridos, en tanto que “las clases superiores” se alzan con el poder político y económico.
Nadie sabe qué ocurrirá en los próximos días o meses. Lo cierto es que las protestas populares han obligado al actual gobierno a anunciar que se adelantarán las elecciones generales, pero previamente es indispensable que se ejecuten reformas políticas y electorales para atender las exigencias populares.
La crisis peruana es similar a la de los pueblos latinoamericanos. El derecho a la protesta debe respetarse más allá de las circunstancias porque las razones de los pueblos son superiores a las de los profesionales de la política.