Paco Moncayo Gallegos
Instituciones fuertes y no personajes iluminados son indispensables para el desarrollo social y económico de los países. Este es un principio fundacional de los sistemas democráticos que protegen a los pueblos del poder abusivo y corrupto de los caudillos, entronizados en formas de gobierno autoritarias. Un gran avance en la teoría y práctica políticas fue instituir la división de funciones, creando una relación equilibrada de pesos y contrapesos, que evita la perniciosa concentración del poder.
Las autoridades elegidas, por voluntad del pueblo soberano, ejercen el poder político en el marco de las normas constitucionales y legales que les atribuyen competencias e imponen responsabilidades. En el caso de incumplimiento de sus funciones y de los planes propuestos al registrar sus candidaturas o, lo que es peor, de mal manejo de los recursos públicos, el mismo pueblo puede revocarles el mandato, o los legisladores, en su representación, llamarlos a juicio político.
Las Constituciones atribuyen a la Función Legislativa las competencias para construir el ordenamiento jurídico y fiscalizar a las otras funciones del Estado. Por lo tanto, el juicio político es una herramienta de fiscalización constitucional y legalmente normada, con el fin de materializar la facultad fiscalizadora y de control político, para proteger los intereses nacionales y combatir la corrupción.
La Constitución de la República del Ecuador establece que son sujetos de enjuiciamiento político los ministros de Estado, el Procurador General, el Contralor General, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, los Superintendentes, los miembros de los consejos electorales, de la Judicatura, de Participación Ciudadana y Control y del Tribunal Contencioso Electoral. Este mandato concede a los legisladores un poder enorme que, en muchas ocasiones, les ha permitido obtener beneficios políticos y personales mediante la amenaza y el chantaje a dignatarios y funcionarios.
En la actualidad, se encuentra en trámite el juicio político al presidente Guillermo Lasso, lo cual es legítimo en una democracia, pero no si se lo implementa para satisfacer intereses particulares y partidarios inconfesables, en momentos críticos como los que soporta el Ecuador.