Rodrigo Santillán Peralbo
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se destaca que el voto es la voluntad del pueblo expresada en las urnas y que, por tanto, “constituye la base de la autoridad del poder público” en cualquier nivel.
Así debe ser, siempre que cada voto sea emitido con plena consciencia y con elevada responsabilidad colectiva; por lo que resulta indispensable que el ciudadano sepa por quién y para qué vota, cuestión muy difícil frente a tanto candidato que proviene de un partido o movimiento político, de grupos de amigos o ‘simpatizantes’ o, simplemente, por decisión personal, como para concretar el viejo principio de que cada ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido.
En democracias como la ecuatoriana suele reiterarse que desde el Estado se respetan los derechos humanos y libertades, y uno de los derechos es la celebración de elecciones periódicas para que el pueblo escoja a sus autoridades. Naturalmente que, previo al ejercicio de ese derecho, debe respetarse a plenitud los derechos a la información, a la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, siempre que se considere que los derechos personales terminan cuando empiezan los derechos del otro o de los demás.
En los procesos electorales suelen irrespetarse los derechos al honor, a la honra, al buen nombre de los candidatos, por parte del oponente o sus contrarios lo que demuestra inmadurez política. Rara vez agreden a ideologías, porque la mayoría de los candidatos las desconocen o las ignoran, pero gritarles ‘comunista’ creen que es un insulto y no un verdadero honor.
El poder del voto es un principio de la vivencia democrática. Todos los votos son iguales. Lo fundamental es la capacidad que se otorga a las personas para elegir a sus autoridades o representantes.