Un organismo internacional de Derechos Humanos presentó dos propuestas para terminar con la pobreza en el mundo. La primera: si los países más ricos destinarían el 1% de sus ingresos para ayudar a terminarla se lo haría en menos de 20 años. La segunda: es posible eliminarla en un poco más de una década con estrategias puntuales.
Desechan la primera con razonamientos lógicos y la segunda la elevan a desafío, siempre que se: acabe con el hambre y la desnutrición, cubra a la población con salud universal, realice acciones urgentes hacia una adaptación climática, brinde una educación de calidad, aumente la inversión en el desarrollo de comunidades abandonadas, ataque a la desigualdad de género.
Las preguntas: ¿cuántas de estas soluciones contiene el plan de gobierno?, ¿qué acciones va a implementar para cumplirlas?, y una en particular: ¿qué piensa realizar en educación?, al menos si tienen conciencia de la relación entre el fracaso escolar y la exclusión social, hoy más notoria que nunca.
El tema es complejo, el sistema educativo ecuatoriano camina entre 2 y hasta 3 mundos, hay estratificación clasista, la población perjudicada y mayoritaria está en los pobres, cuyas consecuencias no permiten el desarrollo de las personas y sus hogares, que equivale a obstaculizar la inserción inmediata al trabajo y al ingreso a la educación superior. O es que realmente, se piensa que cuando nacen pobres es ya un acto de rebeldía, el estudiar.
Se ha perdido mucho. A la crisis educativa ya existente, se sumaron en la pandemia, la deserción y la poca calidad de los bachilleres, se acumuló el desempleo y se agregaron riesgos sociales: drogas, alcohol y delincuencia.
Todavía no escuchamos acciones concretas de parte de las autoridades, hay que recordarles que la esencia de la vida es servir a los otros, es lo único que da sentido a la vida (Aristóteles).
No se pueden resolver los problemas de pobreza sin solucionar los de educación. Si algún mérito quiere obtener este Gobierno que sea: haber educado en plena crisis.