José Alvear
Vivimos una maldita pesadilla. Ese es el Ecuador de hoy: tierra de nadie. Un país en el que estamos sobre las 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cifra récord. Somos vistos por el mundo como una de las naciones más peligrosas de la región, el sexto país más violento por encima de México, con ranking número 15 de 193 países con presencia de bandas criminales según el observatorio de bandas criminales de la región.
En esta maldita pesadilla caminar resulta lo más parecido a ´Pecos Bill´ en el viejo oeste o una novela de los carteles de la mafia. Nadie está a salvo. Aquí se mata sin contemplaciones a niños, adultos, jóvenes, aspirantes a cargos públicos y funcionarios con la más cómplice impunidad.
El domingo 23 de julio veíamos imágenes de terror: el alcalde de Manta, Agustín Intriago, era asesinado a tiros a plena luz del día. Su viuda posteriormente acudió al funeral con un chaleco antibalas. Nadie está a salvo, la muerte y la violencia nos rondan.
Mientras tanto, el gobierno una vez más se limitó a dar el pésame a la familia. Como lo ha venido haciendo desde que inició su mandato.
Pero, ¿qué podemos esperar cuando la acción de las autoridades es casi nula? Lo evidencian las cifras, porque la crisis de inseguridad viene muy ligada a la pésima administración de los recursos. Es impensable que en un país tan afectado por la violencia, de enero a junio el Ministerio del Interior solo haya gastado 8,6 millones de los 96,9 millones de dólares que tiene de presupuesto anual. Esto según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Con estas cifras, las preguntas al ministro del Interior Juan Zapata se hacen inminentes: ¿Qué le pasa? ¿Es o se hace? ¿Tiene miedo de enfrentar a las mafias y la inseguridad? De ser así, no hubiese aceptado el cargo. Pero su responsabilidad va más allá del tema presupuestario. Zapata no se da cuenta de que la Policía está abandonada a su suerte. Debe dejar de hacer el papel de ingenuo mandando notificaciones de pésame o de cachiporrera poniéndole escarapelas a su jefe inmediato, cuando su trabajo del cuidado de la seguridad es vergonzoso.
La Policía Nacional es la institución más grande del país con 58.974 miembros, por encima de todas las Fuerzas Armadas con 47.000 miembros aproximadamente. Esta institución necesita capacitación, equipamiento y recursos económicos. La inversión en Inteligencia Policial es, por lo menos, indispensable.
La situación se agrava ya que bajo la óptica de las autoridades, el problema de la violencia «está institucionalizada» porque hay «una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos» o al menos, así lo señaló el secretario de Seguridad, Wagner Bravo.
Es frustrante ver el resultado de estos dos años del gobierno socialdemócrata de Guillermo Lasso, una administración vegana, que nos engañó. Nos hizo creer que representaría un cambio, pero resultó ser lo mismo de los últimos 14 años.
El Gobierno que va a asumir el nuevo periodo de transición debe trabajar en un verdadero respaldo jurídico para que la fuerza pública pueda actuar de forma efectiva y eliminar a las bandas criminales.
Hay que pensar en medidas de shock para despertar de esta maldita pesadilla. Se deben concesionar los centros penitenciarios a la empresa privada y se debe instaurar la pena de muerte para sicarios, pedófilos y secuestradores. Quienes salen con la intención de generar caos y miedo, deben sentir pánico de delinquir contra la vida de un tercero. Que nos quede claro, quien atenta contra los derechos de los ciudadanos honestos, pierde automáticamente los suyos.
Ecuador reclama a gritos justicia. ¡Menos inseguridad, menos Estado, y más libertad!