Rodrigo Santillán Peralbo
El 17 de julio de 1998, en la ciudad de Roma, fue creada la Corte Penal Internacional. El Ecuador suscribió el Estatuto de Roma el 7 de octubre del mismo año. La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional independiente y permanente, y es de última instancia; es decir, no permite apelaciones a sus juzgamientos a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, pero no tiene competencia para conocer, juzgar y sancionar a personas, países y Estados que no hayan suscrito el Tratado de Roma, como ocurre en la actualidad con Rusia.
Con ese Tribunal se garantizan los derechos humanos a nivel mundial. La sede de la CPI está en La Haya, capital de los Países Bajos. Se financia con los aportes de los Estados miembros, pero también suele recibir aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades. La Corte inició sus actividades en el año 2003.
Especialistas en Derecho Internacional afirman que la CPI ha demostrado que, en algunos casos, ha alcanzado adelantos significativos y también ha cometido errores garrafales al querer enjuiciar o emitir criterios y opiniones sobre casos o personas ajenos a la Corte que, lógicamente, no son de su competencia. En días pasados la Corte adoptó una resolución contra el presidente Putin de la Federación de Rusia que nunca fue, ni es parte de la CPI.
La CPI tiene dos objetivos básicos que son la protección de los bienes jurídicos superiores como los derechos humanos y la sanción a los responsables de las violaciones a esos derechos. Es organismo internacional con aciertos y comete errores cuando quiere imponer sanciones de acuerdo a intereses políticos, en particular, los imperiales.