El 27 de enero de 2018 el país contempló perplejo el primer atentado terrorista con una bomba que explotó frente a un cuartel de Policía en el poblado norteño de San Lorenzo. Ese marzo y abril el gobierno de Lenin Moreno fracasó al intentar negociar con un grupo criminal irregular que pedía el intercambio de presos con un equipo de periodistas de diario El Comercio; secuestrados y asesinados, el episodio trágico registró la presión por la anulación de un convenio antiterrorista con Colombia.
Después de la salida de la base estadounidense de Manta y el fraude por la compra de unos radares chinos progresaron las caídas de avionetas llenas de cocaína y dinero ilegal; el narcotráfico se instaló en una economía dolarizada (carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) e implementó rutas, exportación y lavanderías de dinero con apoyo de bandas locales (Choneros y Tiguerones). Los escándalos pasaron del envío de valijas diplomáticas al menudeo de drogas, cadáveres colgando en puentes y a un récord de masacres carcelarias. Del lavado de activos hegemónico a un enjambre de empresas con centenas de testaferros. En pocos meses, varias organizaciones criminales cooptaron la industria de la extorsión, el sicariato y la venta de armas, municiones y explosivos.
El clímax: una bomba en Cristo del Consuelo de Guayaquil, que deja plena prueba de que el narcotráfico utiliza el miedo como égida de presión y desestabilización social. Dos conciertos masivos se suspenden: Marc Anthony y Juan Luis Guerra; y, a la par, la embajada de EE.UU. dona equipos antiexplosivos mientras retira visas a 18 militares y marinos. Le añade otro listado de ‘narco-generales’: policías, abogados y asambleístas.
Un desenlace sustancial que se pinta con la venta de cargos en las aduanas sin escáner y el caso no resuelto del ‘patrón’: Leandro Antonio Norero Tigua; detenido con droga, dinero y lingotes de oro. Todos sus nexos y financiamiento a bandas que revientan el avispero de la narco política y remueven las ruinas del poder de la (in) justicia. Tuétanos del mal que completan el rompecabezas del narcoterrorismo en territorio ecuatoriano.