La Asamblea Nacional ha caído a un nivel muy bajo de aceptación entre la ciudadanía. Cumplió un año de un mal trabajo, en medio de una insulsa pugna con el Ejecutivo que, al igual que la Justicia, tiene una baja credibilidad. Las tres principales funciones del Estado conducen al Ecuador a conformar un Estado fallido con un pueblo frustrado que, paulatinamente, pierde toda esperanza de redención y confianza en esta “democracia” inventada por unos cuantos de arriba para someter a millones de abajo.
Asamblea y Ejecutivo mantienen una tortuosa relación surgida por la no aprobación de proyectos de ley de corte neoliberal como la Ley de Inversiones o Ley de Oportunidades Laborales. La pugna se acentuó cuando el presidente Lasso afirmó que gobernaría sin la Asamblea que había concedido la amnistía para 268 personas —entre las que estaban varios participantes en las manifestaciones antigubernamentales de octubre de 2019— con el argumento de que “eso es haberse puesto del lado de la violencia, del vandalismo”, como si el derecho a la protesta no fuese una garantía constitucional.
La relación Ejecutivo-Asamblea se ahonda desde el instante en que el presidente Lasso decidió que no va a perder tiempo en el envío de proyectos de leyes al Legislativo, al recordar que ha enviado cinco proyectos que fueron negados. Dependerá de cada quien considerar si eso fue un hecho positivo o negativo de la Asamblea que sobrevive en medio de la mediocridad y pugnas internas miserables.
La corrupción también es parte de la Asamblea. Lasso denunció en dos cartas que cinco asambleístas habrían pedido dinero a cambio de votos y lo mismo habría pedido, según el mandatario, el dirigente de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas. Del caos y broncas entre Ejecutivo-Legislativo e incluso Judicial, el pueblo es el perdedor.