Alfonso Espín Mosquera
El Ecuador libra una lucha contra el crimen organizado, que se ha enquistado en las más altas esferas del poder político y aun en algunos malos elementos de las fuerzas armadas y la Policía Nacional.
Las diarias noticias sobre la corrupción de los funcionarios, la cantidad de prófugos políticos, el reciente caso ‘Metástasis’, y otros de dominio público, con el involucramiento de conocidos personajes de la vida nacional, sumado a la presencia del narcotráfico internacional, en el que también se ven vinculados altos miembros del poder político y las fuerzas del orden, han desatado en el Ecuador una ola de violencia y criminalidad en todo sentido, al punto que el presidente Noboa tomó la decisión de declarar el estado de excepción.
Esta condición, va a la par con la declaratoria de grupos terroristas a los miembros del crimen organizado y por tanto, objetivo de la lucha militar y policial.
Las FF.AA. y los más altos comandos de la Policía están en territorio, librando una lucha en contra de los criminales, pero no son las circunstancias de hace diez o quince años, no se trata de enfrentarse a pandillas de jóvenes desadaptados que han encontrado en esas asociaciones una mala forma de vivir. El caso ecuatoriano no es el de la República de El Salvador, ni por extensión como país, ni por número de habitantes, porque Ecuador le supera con más de diez millones de habitantes al El Salvador y, sobre todo, porque quien está en lugar de las maras salvadoreñas, son los carteles del narcotráfico internacional, cuyos presupuestos para el mal, superan a los del Estado y, que con acciones irresponsables, de los gobiernos anteriores, se fincaron en el país, atraídos por la situación geográfica y también por el descontrol, para convertirle al Ecuador en protagonista en almacenamiento, proceso y distribución de estupefacientes para el mundo.
Si los militares y policías no entienden a quien se enfrentan y, peor todavía, los jueces y funcionarios públicos, como los asambleístas, no comprenden la magnitud de los hechos, entonces irresponsable y maliciosamente seguirán jugando a la politiquería, boicoteando y convirtiéndose en ‘piedras del zapato’, de quienes desde el gobierno se arriesgan a diario por frenar este azote monstruoso, como en días pasados la asambleísta señora Palacios, en el afán de granjearse popularidad y sobre todo simpatía con su líder prófugo, protagonizó un incidente bochornoso en contra de la ministra Palencia y de humillación para los familiares del ex candidato asesinado, Fernando Villavicencio, quienes asistían en búsqueda de justicia.
Es entendible que una persona decente como la señora ministra Palencia pierda la paciencia ante semejantes injurias maliciosas y temerarias, pero qué pena, a la vez, caer en el juego rastrero de esos políticos de corta pisa, que con fines ‘negros’ obstaculizan el camino de la verdad, en presencia de los familiares de la víctima. El país necesita claridad en ese asesinato, más allá de la posición y acciones de determinados actores de la política, quienes deben entender que oposición no significa darse de rebeldes, grabar y subir videos a las redes sociales, u oponerse a todo lo que les da la gana y peor todavía perseguir bajos intereses, en un momento tan complicado para los ecuatorianos, en el que por ejemplo, lo que menos importa es la suerte de Correa y su posibilidad de retorno.
No hay que jugar en contra, no pueden los delincuentes entrar en la mañana por una puerta y salir, en la tarde, por otra, gracias a las acciones de jueces corruptos.
No pueden los miembros de la Asamblea, a nombre de opositores, ‘defensores del pueblo’, negarse a la razón de medidas imprescindibles en el momento actual, peor de aprobar leyes para recuperar lo robado al Estado, pensando favorecer a algún compinche de uñas largas.