Ana Changuín Vélez
Está claro que considerar e identificar a los abogados con las causas de sus clientes –a menos que existan pruebas concluyentes– constituye una forma de intimidación y hostigamiento en contra de los abogados. Toda persona tiene derecho a defender sus derechos, razón por la cual los Estados deben asegurar que los abogados no sufran ni estén sometidos a persecuciones o amenazas de ningún tipo. Criminalizar la actuación profesional de un abogado constituye una grave violación al libre ejercicio de la profesión, esencial dentro de un sistema democrático.
Pero estas ideas no me pertenecen ni representan innovaciones, pues la protección a la independencia de los abogados está determinada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la defensa entre una de sus garantías y de forma particular a la posibilidad de “ser asistido por un defensor de su elección”.
De acuerdo a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, el Estado debe garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas y que no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de las sus obligaciones. Según el principio 18, los abogados tampoco deben ser identificados con sus clientes o con las causas de sus clientes como resultado del desempeño de sus funciones profesionales.
La abogacía y su libre ejercicio son un elemento indispensable del estado de derecho, de la protección de los derechos humanos y de un sistema judicial independiente. El ejercicio de esta profesión contribuye a asegurar el acceso a la Justicia, la fiscalización del poder estatal, la protección al debido proceso y las garantías judiciales.
En esta línea, he visto durante las últimas semanas la forma en que en redes sociales se intenta atacar a colegas abogados que brindan su opinión técnica sobre temas de coyuntura política. Esto no debe admitirse bajo ningún formato, pues los colegas que brindan su criterio en medios de comunicación lo hacen sacrificando espacios en sus agendas y dedicando tiempo valioso a investigación, todo con el afán de aportar al debate de ideas.
Cualquier imputación a un abogado en el ejercicio de sus funciones, debe exponerse de forma motivada, para que a la luz del gremio no quede el sinsabor de que quienes patrocinan a clientes en temas sensibles, o deciden aportar al debate público, deberán enfrentarse inexorablemente a obstáculos que debiliten su capacidad para desempeñarse en la profesión. Alerta, pues los abogados no pueden ni deben estar bajo ataque.