Los abogados dicen que no se debe criminalizar la profesión por defender a una persona ya que todos tienen la presunción de inocencia.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en proceso de revisión una solicitud de medidas cautelares a favor del abogado guayaquileño Eduardo Carmigniani, vinculado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso “Sinohydro” por una factura de cobro de honorarios.
La solicitud a este organismo internacional fue ingresada el 5 de marzo de 2023 por los juristas Xavier Flores y José de la Gasca. Ellos argumentan la existencia de una situación de riesgo a los derechos a la libertad y la integridad personal y a la vida de Carmigniani.
La petición busca la tutela y la intervención de este organismo en materia de derechos humanos porque en la imputación a Carmigniani, la Fiscalía no mencionó ningún indicio que lo vincule en el cometimiento de algún ilícito, menos aún con el pago de algún soborno, dice el escrito enviado a la CIDH.
Si bien en la audiencia del 5 de marzo de 2023, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas no acogió la solicitud de la Fiscalía para que se dictamine prisión preventiva para Carmigniani y otros 36 procesados en la presunta trama de corrupción alrededor del caso Sinohydro, en la solicitud a la CIDH, Flores y De la Gasca, refieren que la situación de riesgo a sus derechos no ha cesado.
Una vez que culmine la instrucción fiscal de 90 días ordenada por el conjuez Rojas, la Fiscalía podría solicitar al magistrado la revisión de la medida.
Los juristas cuestionaron una versión de la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, en la que habría advertido que ciertos procesados (en alusión a Carmigniani) han “tratado de engañar a la ciudadanía y manipular la opinión de sus colegas, invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la Ley”.
En el sustento de la solicitud planteada a la CIDH se hace énfasis a la grave crisis por la que atraviesa la Función Judicial del Ecuador.
El abuso de la prisión preventiva es un problema estructural, que en el país se arrastra por décadas, y la CIDH ha criticado el abuso de la prisión preventiva en Ecuador en numerosas ocasiones, por ser una medida cautelar personal excepcional.
El país atraviesa por una crítica situación carcelaria en la que las mafias y el crimen organizado tienen el control de los centros de rehabilitación social.
Gremio en alerta
En la comunidad legal hay molestia y preocupación por el proceso en contra de Carmigniani. Piden protección para el secreto profesional o la autonomía para cobrar honorarios. Argumentan que no puede considerarse delito que un abogado cobre honorarios de alguna empresa (Recorsa) que está involucrada en alguna infracción.
También solicitan a la Fiscalía que se aclaren los hechos que se le atribuyen al abogado guayaquileño. “Preocupa que se llegue a producir una criminalización del ejercicio profesional, y que, durante la actividad, un abogado, por dar consejo a un cliente se le acuse de obstruir la justicia”, mencionó el abogado penalista Pablo Encalada.
Es en la etapa de instrucción fiscal donde Salazar tiene que demostrar que la participación del abogado fue para tramitar o pagar sobornos, o determinar con pruebas (documentos firmados, audios o videos) que su asesoría fue para la comisión de algún delito.
Cinara Zea, abogada penalista, coincide en que no se debe criminalizar la profesión por defender a una persona, ya que todos los ciudadanos tienen la presunción de inocencia. En todo caso, el abogado tiene el poder de elegir a sus clientes por su objeción de conciencia y establecer si puede defender lo indefendible o cree en la persona y le da una defensa técnica de calidad.
Cree que, si el contrato (firmado) tiene un objeto y una causa lícita y no contraviene las leyes y el orden público del Estado, no constituye un cometimiento de delito el hecho que el abogado haya firmado un contrato del 4% por honorarios de representación. Lo que está configurado como un delito es, por ejemplo, un desvío de fondos. (SC)
Desde el 6 de marzo de 2023 corre el plazo de 90 días para la instrucción fiscal en el caso Sinohydro en el que son procesadas 37 personas incluida el expresidente de la República, Lenín Moreno.