Ayer, una nueva orden judicial de una Corte de lo Civil volvió a detener la implementación del proyecto minero Loma Larga en Azuay. El consorcio DPM, que preveía invertir 419 millones de dólares en la zona, generar 645 empleos directos y unos cuantos más indirectos, no podrá empezar a operar. Aunque el operador aún tenga recursos legales disponibles, los constantes obstáculos a la actividad minera dificultan el panorama para el resto de la inversión extranjera.
Resulta curioso como todos los proponentes de cegar el potencial minero del país evitan responder las más elemental de las preguntas: ¿cómo proponen generar suficientes recursos para garantizar seguridad, mejor educación, salud preventiva, y así lograr que los miembros de sus comunidades dejen de lucrar del trabajo precario y depredador que provee la minería ilegal?
Quienes claman bandera en esta pugna tendrían que reconocer que los grandes enemigos de millones de ecuatorianos no son aquellos que piensan distinto, ni los que proponen resolver los problemas con soluciones creativas o arriesgadas, sino la pobreza, la corrupción, el hambre y la única forma que muchos encuentran de sustentar a sus familias cuando no hay más alternativa, el delito.
Los grandes objetivos ambientales lograrán consensos hasta que se logre convencer que son el camino hacia el bienestar o que antes de salvaguardar los intereses de la minería ilegal so pretexto de cuidar los ríos, las necesidades básicas de la población se irán resolviendo.
Es irresponsable privarle al país de recursos que requiere para solventar la inversión social, que vienen precisamente del petróleo y la minería, al menos hasta que existan alternativas viables para generar recursos.