El día martes pasado se reunió la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resolviéndose continuar con el ilegal proceso electoral de dignatarios, pese a las intervenciones de las señoras Ministra y Viceministra de Cultura en el sentido de que no se pueden violar la Constitución de la República, las leyes del de país y las decisiones judiciales existentes. El Director Jurídico de la Casa ocultó información, pues no leyó cuando se lo pidió la señora Viceministra, la primera Resolución del Juez de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil Abog. Luis Fabián Tapia Chacón que SUSPENDIÓ LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES y el calendario de elecciones, como medida cautelar, y sólo leyó la resolución de dicho Juez que determinó que previamente a las elecciones debe socializarse dicho reglamento en los Núcleos, lo cual significa que este reglamento debía conocerse y discutirse en las Asambleas Culturales Provinciales, porque dichas Asambleas son las que eligen los Directorios de Núcleos y esos Directores eligen al Presidente de la Sede Nacional, lo cual no ha ocurrido.
No se puede convocar a elecciones con un Reglamento que no está vigente por estar suspendido por decisión judicial. Esta medida cautelar constitucional en ningún momento ha sido levantada y la Junta Plenaria tenía el deber jurídico de cumplirla. Hay que señalar que un representante del Núcleo del Guayas expresó claramente que en esa Provincia no se van a realizar elecciones porque deben cumplir la decisión judicial de otro Juez de Guayaquil que determinó que existían una serie de ilegalidades en el Ruac, en los padrones electorales y en este proceso electoral y que suspendió las elecciones en el Núcleo del Guayas hasta que el Reglamento de Elecciones inconstitucional e ilegal sea analizado por quienes deben ejercer su derecho al voto en esa provincia.
Pese a todas las resoluciones judiciales y a las ilegalidades cometidas desde el inicio de este proceso la Junta Plenaria continúa con el proceso electoral, como si en este país no hay Constitución, ni leyes y no importan las decisiones judiciales burlándose además de los planteamientos de las Autoridades del Ministerio de Cultura. He presentado una acción penal en la Fiscalía de Pichincha en contra de la Junta Plenaria por la infracción penal de Incumplimiento de Decisión de Autoridad competente (desacato) porque no es posible que existan personas que creen que pueden hacer lo que les da la gana en el país como lo han venido haciendo desde hace 14 años bajo la protección de autoridades superiores.
En el fondo, existe un proceso mañoso en el que los que quieren reelegirse no quieren rendir cuentas públicas sobre 100 millones de dólares que han manejado en estos últimos años. Han introducido en los padrones electorales como miembros del RUAC a vendedores ambulantes de discos, películas, libros y revistas viejas, plantas medicinales, artesanías, personal de limpieza de los Núcleos, empleadas domésticas, futbolistas, etc. para que voten por ellos. Denuncio públicamente esta situación, porque no es posible que esto quede en la impunidad. La CCE ha sido degradada en su máxima expresión.
Simón Zavala Guzmán