El notario de Machala, José Cabrera Román, se ha convertido en el símbolo de la ambición y la usura.
Lágrimas y angustias, saqueos y hasta muertes, produjo en la capital de El Oro, el fallecimiento de Cabrera, quien por 12 años captó recursos de más de 30.000 personas, quienes recibían el 10% de interés mensual, tasa superior a la que se percibe en cualquier banco del país.
La noche del 25 de octubre, Cabrera (71) estaba en el hotel Mercure Alameda, de Quito, en compañía de una muchacha de 18 años, cuando le sobrevino un paro respiratorio.
Los ‘perjudicados’
“Después de Dios, el doctorcito”, era la oración que profesaban los clientes regados por todo el territorio nacional que, en forma individual o haciendo ‘cadenas de familias o amigos’, lograban reunir los 10 mil dólares mínimo que exigía el Notario para pertenecer a lo que podía considerarse un banco clandestino.
Mientras el cortejo fúnebre llegaba hasta su última morada, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y políticos de prestigio le rindieron su último tributo. Esos mismos, que días más tarde renegaban ser parte de la intrincada red de usureros que mes a mes hacían cola en la Notaría para cobrar los jugosos intereses.
Silenciosamente, pero vox populi, el negocio de Cabrera tenía sus ramificaciones en todos los estratos sociales del país. Los autollamados ‘perjudicados’, tras la muerte del Notario, se formaron en los bajos del local donde funcionaba la Notaría para reclamar la devolución de sus dineros.
El segundo ‘engaño’
La tranquilidad vino con las palabras iniciales de los hijos del difunto. Carolina y José Cabrera Gallardo se comprometieron a continuar normalmente con el negocio de su padre y devolver los valores depositados.
Algunos dineros se entregaron clandestinamente hasta la mañana del sábado 12 de noviembre cuando una emisora local hizo el anuncio de que los hijos del difunto notario habían salido del país.
La tarea que se habían impuesto no era tan sencilla como lo imaginaron. Se calcula que 800 millones de dólares, es la astronómica suma de los depósitos que le habían confiado a Cabrera.
La huída de Carolina y José desató la ira popular y más aún, de militares y policías que prevalidos de su uniforme asaltaron las instalaciones de la Notaria.
FFAA y policía implicadas
La placa de gratitud y homenaje que las Fuerzas Armadas rindieron a Cabrera en el recinto orense, no fue gratuita. Los mayores depósitos de la Notaría provenían de este sector y de la policía.
El 10 y 11 de noviembre desde tempranas horas de la mañana y hasta altas horas de la noche los empleados de Cabrera Román pagaban, en efectivo, a los clientes del ex notario.
Pero los billetes fueron fácil presa del hurto. En la madrugada de ese sábado militares y policiales asaltaron las dependencias de la Notaría Segunda de Machala. Cientos de testigos –incluidas cámaras de televisión- captaron a miembros de estas dos instituciones con sus bolsillos llenos de billetes que estaban en la Notaría.
Saqueo militar
En el caos y desenfreno, la Policía recuperó 367.542 dólares que aseguran están en la Fiscalía de El Oro donde se investigan los hechos.
La desesperación era evidente
Uniformados y sus familiares, sin autorización de las autoridades militares, utilizaron el avión presidencial Sabeliner y el Twin Otter para desplazarse a Machala, en tres vuelos, a fin de recuperar la inversión hecha en la Notaría. Se conoció que 206 militares depositaron dinero en las arcas del fallecido notario, mientras que se acusó a 12 (oficiales, aerotécnicos y empleados civiles) por estar implicados en los vuelos en los que se realizó el saqueo
“La acción fue personal y no institucional” como aclaró la Fuerza Terrestre llena de vergüenza y culpa a la clase militar. La cúpula militar fue desmantelada por el Presidente de la República, se instauraron acciones en contra de los uniformados que participaron en los hechos y más de tres mil militares están en las listas de clientes del Notario.
Evidentemente, los controles de la Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y otros organismos fallaron en el país. Mientras en la Fiscalía se recuperaron más de ocho mil denuncias de perjudicados, el Congreso destituyó al Superintendente de Bancos Alejandro Maldonado y la ambición destruyó a más de 30 mil personas y sus familiares iniciarán el 2006 con gran tristeza y desconsuelo. 