Daniel Jerez
Inicia la temporada escolar en el régimen Sierra y Amazonía, donde casi dos millones de estudiantes vuelven a las aulas para continuar su camino académico correspondiente, cabe mencionar que el 73,48% son del sistema educativo fiscal y el 26,52% corresponde al sistema particular y fiscomisional.
La educación es un derecho fundamental que tenemos los seres humanos y que consta en la declaratoria universal de derechos humanos, además de la constitución y las leyes, sin embargo, no hay duda que alrededor del ejercicio de este derecho existe un gran movimiento económico de diferentes sectores.
En la temporada previo y durante el inicio de clases sea en la modalidad fiscal, municipal, fiscomisional o particular se necesita de recursos económicos para la adquisición de materiales, uniformes, zapatos y otros gastos inherentes a la nueva etapa escolar. Es de conocimiento público que en la educación fiscal se prohíbe el cobro de cualquier tipo de valor, sin embargo, es necesario la compra de materiales, uniformes y zapatos para el año lectivo lo que mueve gran cantidad de dinero que incluso ha generado que el comercio informal se active afuera de los establecimientos educativos.
En la modalidad de educación pagada han existido numerosas denuncias en los excesos de cobros por matrículas y pensiones, por lo que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación ha prohibido el aumento de cobros y pensiones en relación al año pasado y las instituciones que hayan cobrado valores que rebasen lo dispuesto, restituyan los mismos a los padres de familia. El valor de textos se ha incrementado sin un control adecuado y resultan costosas listas de útiles escolares, además del uso de hasta tres tipos de uniformes, sin duda aún hay comercios que se sirven de esta temporada para poder hacer su “agosto” literalmente con la venta a precios excesivos aprovechando de la necesidad y urgencia del regreso a clases.
Esperamos algún día la calidad educativa fiscal pueda tener unos estándares adecuados y que superen visiones tradicionales que universalicen el acceso, calidad y sean inclusivos verdaderamente, sin que esto tenga que ver con gastos exagerados para poder gozar de este derecho.