28 dólares mensuales cobraba una empresa de seguridad a quienes requerían de sus servicios en el monitoreo de cámaras. A este valor se sumaba cinco dólares más, si es que en uno de los domicilios se activaba la alarma, aquello porque enviaban un motorizado a confirmar lo ocurrido.
La Policía Nacional realizó la mañana de ayer un operativo en las oficinas de esta empresa de seguridad ubicadas al sur de Ambato.
El Mayor de Policía, Patricio Vargas, jefe del departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada (COSP), mencionó que el operativo se realizó simultáneamente en Tungurahua y Manabí.
“La entidad brindaba servicio de alarma, monitoreo y supervisión, sin contar con los permisos correspondientes que este caso lo otorga el Ministerio del Interior”, agregó Vargas.
El Mayor además mencionó que se han identificado a 120 clientes que estaban registrados en esta empresa, quienes tenían este servicio desde hace dos menos de manera ilegal.
“Este no es un delito sino una acción de tipo administrativa, ya que cualquier empresa que requiera brindar el servicio de vigilancia o seguridad privada en cualquiera de sus modalidades como seguridad fija o móvil, traslado de valores o cuidado de personas, debe contar con el permiso que otorga solamente el Ministerio de Interior”, afirmó Vargas.
Finalmente el uniformado aclaró que están convencidos que la seguridad privada es un apoyo importante al trabajo que realiza diariamente la Policía Nacional, porque en sus momentos se convierten en ojos, oídos y voz de los gendarmes para desarticular bandas delictivas.
Si la comunidad quiere saber qué entidades están legales para brindar seguridad lo deben hacer a través del Internet buscando la página del Ministerio del Interior de Ecuador, que es el único ente rector de control y regulación de lo que corresponde a la seguridad privada.
En este caso no hubo personas detenidas, los administradores de esta empresa deberán presentar sus respectivos justificativos ante la dirección del COSP para retirar los equipos electrónicos del Ministerio.
El propietario de este lugar habría informado a los uniformados que desconocía de la ley, por lo que solo se habría registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para su actividad económica.
Los uniformados también identificaron a una persona que cumplía la labor de guardia privado, quien no contaba con los elementos para su defensa, por lo que fácilmente podría perder la vida en un hecho delictivo.
Autoridad
Jennifer Benítez, directora de Regulación y Control del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, manifestó que la labor es supervisar que las compañías de seguridad tengan un permiso de operación otorgado por la Dirección.
“Esta es la primera compañía identificada que brindaba el servicio de seguridad privada en la modalidad de monitoreo electrónico. La sanción es la clausura definitiva al establecimiento, mientras que sus representantes pueden estar inmersos en investigaciones tanto en delitos civiles y penales”, finalizó la Directora. (EV)