A inicios de 2007, cuando Rafael Correa llegó al poder, el número de empleados públicos llegaba a 332.000. Ahora, según un estudio del Observatorio de la Política Fiscal, sin tomar en cuenta gobiernos locales y empresas públicas, el Gobierno central tiene 541.000 empleados.
Para 2018, el gasto público presupuestado en salarios es de 9.955 millones, lo que representa un egreso promedio mensual en cada burócrata de 1.500 dólares. Una diferencia de más del doble con lo que recibe un trabajador promedio del sector privado, cuyo promedio ronda los 500 dólares mensuales.
Desde el 2 de abril, dentro del plan económico y de optimización empresarial, presentado por el presidente, Lenín Moreno, se estableció como una prioridad racionalizar el tamaño del Estado y evaluar a la burocracia estatal.
Por ello, a partir del domingo estarán prohibidos los contratos ocasionales en el sector público y 70.000 funcionarios que están trabajando bajo esta modalidad serán evaluados. Según Santiago Cuesta, consejero de la Presidencia, el objetivo es que, mediante concursos abiertos, se queden los mejor capacitados y evitar contrataciones fuera de la Ley y sin justificación.
En países con una población significativamente más numerosa, como Colombia, Perú, e incluso México, el peso de la burocracia estatal es de 4% del total de personas con empleo. Pero en Ecuador, los funcionarios públicos representan casi el 10%. Asimismo, los pagos en sueldos del sector público comprometen hasta el 75% del gasto corriente del país, mientras que en Colombia, Perú o México no supera el 40%.
Reacciones
541.000
burócratas trabajan solo en el Estado Central. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, comentó que un recorte de la burocracia es inevitable porque durante los últimos 10 años se infló la nómina estatal sin un criterio técnico. “Esperamos que se realicen concursos transparentes para que se queden los mejores. Más que el nivel de los salarios, lo que hace insostenible la burocracia es la cantidad que llegó con el correísmo”, dijo.
Sin embargo, añadió que también existen otras formas no traumáticas de hacer un recorte en el sector público, a través de la derogatoria del decreto 94. Esto permitiría la jubilación voluntaria de alrededor de 45.000 funcionarios que tienen 60 años de edad y 30 de servicio. (JS)