Por: LIBER ANDRADE SALAZAR
Hoy el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios definiría el alza a la remuneración unificada de los trabajadores privados que, según voceros del oficialismo no se lo haría en base a la variable de la inflación, por la ausencia de ésta en el presente año, sino se verían otros elementos; de no haber acuerdos, el incremento lo determinaría el Ministro del Trabajo. Sin embargo, considero inoportuno aquello por lo siguiente:
El 2017 ha sido un año de transición política y por ende económico al haber dejado atrás 10 años de autoritarismo y populismo democrático. Hay una consulta popular que el 4 de febrero de 2018 determinaría reglas generales de convivencia democrática, que permitirían emprender reformas institucionales que den al traste con el híper presidencialismo que mucho daño ocasionó a la independencia de funciones del Estado y por tanto a los sectores sociales y populares. Aun el gobierno actual no tiene una agenda económica que ponga en marcha la reactivación y desarrollo del Ecuador sin dejar de lado una posición clara frente al endeudamiento externo irresponsable con visión política-clientelar antes que de desarrollo humano.
Aparte de lo anterior, el incremento salarial en los últimos años, lejos de satisfacer las necesidades elementales de la familia ecuatoriana y equiparar la canasta básica familiar que a noviembre de este año fue de 706,31 dólares, se ha constituido en política financiera, habida cuenta que se convierten en rubros permanentes de ingresos para sostener el presupuesto general del Estado; pues en la mayor parte de la legislación hay sanciones y multas a personas naturales y jurídicas en relación a la aplicación o porcentaje de la RBU; de tal manera que el alza debería ser objeto de análisis el próximo año frente a las medidas económicas que inexorablemente vendrán.