En el reestreno de la democracia ecuatoriana, en 1978, después de casi una década de dictaduras, hubo fervor cívico-político-electoral en la antesala de comicios presidenciales de primera vuelta, de representantes provinciales (legisladores), prefectos, alcaldes, consejeros y concejales; 44 años después ese entusiasmo está en declive.
Entonces, las organizaciones políticas y sus candidatos, con convicción, debatieron doctrinas, ideologías, programas de gobierno, lo que hoy es enigma y remoto, reminiscencia porque las estructuras son débiles, acompañadas de controvertida legislación y abúlicas autoridades.
Entonces los contendores políticos sostuvieron ideologías y programas de gobierno en debates encendidos que alimentaron posiciones filosóficas, históricas, sociológicas, éticas. La población diferenció derechos y obligaciones con responsabilidad social, por lo que fue activa en los procesos políticos.
El registro de organizaciones políticas no fue superior a 17. En 2022, 44 años después, con 276 partidos y movimientos, en la antesala electoral de gobiernos locales el entusiasmo es esquivo; apenas se escucha a ciertos dirigentes, mientras el grueso de la población transita por la indiferencia, pese a saber que serán sus mandatarios en la administración de la cosa pública.
Podría existir hartazgo político por la ola de corrupción que rodea a los gobiernos locales. Una reciente revelación del Contralor ha dicho que existen 117 informes con responsabilidad penal, que incluyen desviación de fondos de recaudación de impuestos, hasta contratación de carnavales y festivales sin sustentos.
Es posible que no pocos de los involucrados, en los informes, opten por la reelección, por ausencia de sentencia ejecutoriada; pero insistirán con sus discursos clientelares, vandalizando a la ética y a la transparencia, como algunos lo hacen en la Asamblea Nacional, gorjeando discursos sobre democracia y limpidez.
La desidia ciudadana parece ser consecuente con los desparpajos de autoridades que desde hace 15 años se han esforzado por devaluar los principios cívicos-políticos y éticos, matizados con la exclusión, del pensum de estudios, de la cívica, la ética, la historia, la filosofía.
El espectro político ecuatoriano de 276 organizaciones se alista para pretender el voto de 11’096.824 obligatorios sufragantes y 2’352.225 optativos, pero no se esperan debates ideológicos-doctrinarios, sino ofertas débiles, inútiles para materializarse.
Se estima que para los comicios del 5 de febrero próximo participarían 90.000 candidatos para ocupar 5.640 dignidades de elección popular, pero ya se advierte la austeridad de las organizaciones para cumplir el mandato del Art. 312.5 del Código de la Democracia, que, obligatoriamente, les manda “formar a todas y todos sus miembros para el ejercicio de funciones públicas en cualquier nivel de gobierno”.
La amplia mayoría de organizaciones políticas designará candidatos evadiendo rigores de “democracia interna”, por lo que los dirigentes usarían las eufemísticas “elecciones representativas” para postular elementos según sus conveniencias.