Mineros suspenden paro provincial tras acuerdos con el Gobierno

Mineros suspenden paro provincial tras acuerdos con el Gobierno
DESICIÓN. Representantes mineros decidieron suspender temporalmente el paro provincial anunciado para el 31 de julio.

El Viceministerio de Minas tiene plazos definidos para cumplir con los compromisos asumidos, pero existe una advertencia que, de no concretarse, la medida de hecho volverá a ser una opción.

El Frente de la Unidad Minera Provincial de Zamora Chinchipe, anunció la mañana del 27 de julio de 2023, la decisión de suspender de manera temporal el paro provincial de pequeños mineros y mineros artesanales, que se realizaría el 31 de julio, luego de una reunión con representantes de los Ministerios de Minas y Ambiente efectuada el martes 25 de julio.

Durante la reunión se llegaron a acuerdos donde se sostiene que el Viceministerio de Minas acepta continuar con los procesos de regularización de los mineros y solución al caso Cumbaratza.

“Se empezará un proceso de revisión a los expedientes de las concesiones y el traspaso de dominios que han existido en el distrito minero de Chinapintza. También se pidió establecer una línea de base para que el INEC realice un nuevo censo con el objetivo de incluir a los mineros que no fueron censados cuando fue hecho el mandato minero y la ley minera”, explicó Juan Carlos Tapia, presidente del Frente de Unidad Minera Provincial.

Las solicitudes cuentan con una fecha para su cumplimiento:

  • 27 de julio: Recepción de compromisos establecidos por el Viceministerio de Minas.

“No se suspende la medida de hecho o pretende el Gobierno Nacional que van a ponernos un chupón en la boca como niños, que nos van a engañar. Se ha dado tregua y si no se cumplen los compromisos convocaremos a una asamblea para analizar y continuar con lo establecido”, advirtió Tapia.

  • 1 de agosto: Revisión de los expedientes de cesión y transferencia de las áreas ubicadas en el distrito minero Chinapintza para establecer hasta el 10 de agosto, la base legal, técnico y social como paso previo a la regularización de los mineros artesanales asentados en esta zona en calidad de dueños de los predios.
  • 11 de agosto: El viceministro de Minas deberá cumplir hasta el 1 de septiembre con la solicitud al INEC para un nuevo censo y concretar una reunión técnica con la participación de los representantes de las empresas mineras extranjeras con el fin de elaborar una hoja de ruta que permita emprender en un proceso de regularización mediante contratos de operación en beneficio de los pequeños mineros y mineros artesanales ubicados en las zonas que constan en el censo.

Caso Cumbaratza

  • La empresa Cumbaratza y el Estado ecuatoriano mantuvieron un litigio por más de 30 años, por un área de 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe.
  • El proceso judicial comenzó con la ejecución del Decreto Ejecutivo Nro. 426 del presidente León Febres Cordero, publicado el 17 de enero de 1985.
  • Se determinó la caducidad de la concesión y la empresa presentó un reclamo judicial.
  • En la contienda hubo dos sentencias de casación. La primera del 10 de enero de 1996, le dio la razón al Estado y determinó que dicha área queda libre para ser nuevamente concesionada; pero una segunda le dio la razón a la empresa. En esta última se ordenó al Estado que no otorgara concesiones o declare nulas las áreas mineras ya concesionadas dentro de las 30 mil hectáreas que originalmente fueron otorgadas a la empresa por medio de un contrato con el Estado.
  • En 2005, el exprocurador del Estado, José María Borja, ratificó la sentencia del 10 de enero de 1996.
  • En 2021, el Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, manifestó un deseo de acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría General del Estado con el objetivo de entregar las 30 mil hectáreas de suelo nacional a la empresa.
  • En 2022, el Viceministerio ratificó el respaldo de la mediación para el respeto de los derechos mineros dentro de la concesión.
  • Actualmente, mineros de la Cooperativa de Producción Minera Once de Julio solicitan a las autoridades solucionar los problemas como es la legalización y que se finiquite el caso Cumbaratza.

“Esperamos que el Gobierno respete nuestros títulos mineros, respete las decisiones que están dadas desde hace tiempo. Nosotros tenemos la documentación legal y estamos debidamente constituidos. También desmentimos lo que circula en redes sociales donde se habla de una reunión con la empresa”, expresó Vinicio Vega, dirigente de la Cooperativa.

Un pueblo abandonado lleno de oro

La actividad minera ha persistido en Nambija desde la década de los 80. En esta zona actualmente habitan unas 1.300 personas y al menos 600 se dedican a la actividad minera a pequeña escala.

Milton González, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (ASONAMBILE), manifestó que históricamente el sector ha otorgado al Ecuador importantes aportaciones gracias a la minería, sin embargo, no han recibido obras de remediación.

Ante la interrogante del impacto ambiental que tienen estas actividades, sostuvo que efectivamente existe un daño ambiental tras 30 años de trabajo.

“Nosotros como dueños de áreas tratamos de mitigar el año ambiental. Estamos trabajando en ese tema, precisamente para erradicar el mercurio, pero el Gobierno no nos da las herramientas necesarias para cumplirlo. Además, queremos capacitación para nuestra gente, con ello vendría el poder contar con una universidad”, agregó.

IV Eje Vial, universidad y hospital

Una de las exigencias del Frente al Gobierno es la atención del IV Eje Vial, la construcción de una universidad pública en la provincia y de un nuevo hospital en el cantón Zamora.

Ante ellos, dieron a conocer que el Gobernador, llamó a una reunión para el 26 de julio, sin embargo, respondieron: “Es un tiempo demasiado corto y los que toman las decisiones no somos nosotros, sino el Ministro de Educación, Transporte y Obras Públicas, y Finanzas. Por eso pedimos a los colectivos firmar una solicitud para reagendar la reunión”, puntualizó Tapia.

EL DATO

Durante la reunión, se llegaron a acuerdos para revisar los expedientes de cesión y transferencia de áreas mineras en el distrito Chinapintza y establecer una línea de base para un nuevo censo de mineros.