Paco Moncayo Gallegos
Han pasado trece años desde que el pueblo entregó su confianza al Gobierno de Alianza PAIS, que prometió un combate frontal a la corrupción. Aseguraban en su Plan: “La corrupción, sin lugar a dudas, constituye un lastre que impide fortalecer la confianza y creer en el otro, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Todos hemos sido testigos de los atracos y negociados de políticos inescrupulosos y de grupos de poderes corruptos e insaciables, por ello la propuesta empieza con la firme convicción de mantener las manos limpias desde la misma campaña electoral y durante el gobierno”.
En el poder hicieron todo lo que entonces criticaban, pero en dimensiones inimaginables. Con cinismo, con desvergüenza, ¿cómo es posible que pretendan volver a gobernar, luego de protagonizar el mayor latrocinio de la historia ecuatoriana? ¿Después de haber corroído los fundamentos morales sobre los que se deben levantar las estructuras de un país “digno y soberano”?
Cada día nos informamos de los actos viciosos de personas corruptas que han jugado con el futuro de nuestra asolada Patria y de sentencias a culpables secundarios de la situación de pobreza, desempleo y angustia moral que soportamos.
Se informa en la prensa, que una jueza de Miami ha sentenciado a un ciudadano a tres años y seis meses de cárcel, por entregar tres millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador y que, además, hay otros nueve acusados por participar en un plan de sobornos y lavado de dinero, durante el régimen del expresidente Correa. Está ya preso el sobornador, pero ¿qué pasa con los sobornados?
José Conceição Santos, director de Odebrecht, declaró haber entregado 5.6 millones de dólares para las campañas presidenciales y seccionales de Alianza PAIS. Con ese dinero y con autoridades electorales propias, asaltaron las dignidades que hoy ostentan. ¿Se puede llamar a eso democracia?
Odebrecht pagará una multa por 2.600 millones de dólares a EE.UU., Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios, mientras en Ecuador, paradójicamente, demandan al Estado en el caso del poliducto Pascuales-Cuenca y no se conoce de avances en la recuperación del dinero robado. ¿Hasta cuándo?