Bamako, EFE.
Un presunto acuerdo de repatriación de emigrantes indocumentados desde Europa lleva causando una gran polémica en Mali durante toda la semana, y ha obligado en dos ocasiones al gobierno a salir a negarlo y dar explicaciones.
Todo comenzó el pasado domingo, tras las visita del ministro holandés de Asuntos Exteriores, Bert Koenders, que viajó a Mali enviado por la Alta Representante de la UE de política exterior, Federica Mogherini, un viaje que concluyó en la firma de un comunicado conjunto con el ministro maliense de Exteriores, Abdulaye Diop.
Aquel comunicado, en el que se hacía hincapié sobre los modos de luchar contra la emigración ilegal, incluyó una frase que aludía a «el acompañamiento a los retornos de Europa de las personas en situación irregular sobra la base de procedimientos estándar».
Un diario extranjero interpretó que se había firmado «un acuerdo de repatriación» de malienses desde Europa cuando se encontraran en situación irregular, y la supuesta noticia corrió como la pólvora.
El miércoles, y para frenar la polémica, el ministro portavoz del Gobierno, Mountagua Tall, salió a desmentir que hubiera ese acuerdo de repatriación, y dijo que solo se trató de «debates sobre la necesidad de hacer frente al fenómeno de la emigración ilegal y animar a la emigración sin riesgo».
No fue suficiente y la polémica arreció con prácticamente todos los partidos opositores, sindicatos y asociaciones de ayuda a los emigrantes asegurando que el Gobierno ocultaba la verdad y sí estaba negociando ese acuerdo.
El jueves, el propio Diop pidió explícitamente a la Unión Europea y a Koenders que negasen ese acuerdo, algo inaudito porque todo había partido de un artículo en prensa.
El tema es altamente sensible en Mali, un país que cuenta con casi 4 millones de residentes en el extranjero, cuyas remesas son de gran importancia para la subsistencia de miles de familias en este país, uno de los más pobres de África.
Aunque Europa no es el destino principal de los malienses de la diáspora (que cuentan con un ministerio específico), las autoridades europeas han tratado en varias ocasiones en el pasado de firmar estos acuerdos de repatriación, encontrándose siempre con la negativa de Bamako.
El propio Nicolas Sarkozy, cuando era presidente de Francia, impulsó este acuerdo (siendo Francia el principal destino de los malienses en Europa), pero las autoridades de Mali entonces, apoyadas en bloque por la opinión pública, se negaron a admitirlo, al igual que sucede en otros países africanos que también rechazan estos acuerdos.
El debate en Mali se ha producido además en otro momento sensible, cuando han llegado al país los primeros dos centenares de malienses (de un total de 500) expulsados por Argelia por no tener sus documentos en regla.
La polémica de la emigración debilita aún más al gobierno del presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK), incapaz de frenar la violencia en todo el norte del país protagonizada por grupos yihadistas contra el ejército maliense o la que practican entre sí los distintos grupos tuaregs que el Estado no llega a desarmar.