Investigarán paralización de servicios públicos en Tungurahua

OCT, 17, 2019 |

ACCIÓN. Varios detenidos dejó las manifestaciones en Tungurahua.

Una vez concluido el paro nacional que duró 11 días y que fue protagonizado en primera instancia por los trasportistas y posteriormente por el movimiento indígena y grupos sociales, se mantiene abierta una investigación a fin de evaluar si existe algún delito en contra de derechos de los ciudadanos.

A decir de las autoridades varias son las afectaciones que se registran como parte de la paralización en la provincia, pero sin duda la más grave podría canalizarse por el delito de paralización de servicios públicos, el mismo que es castigado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal y cuya sanción es la pena privativa de libertad de uno a tres años.

Investigación

Rommel Navarrete, comandante de la Subzona de Policía Nº18 Tungurahua, mencionó que en la provincia se realizaron 29 detenciones en todas las jornadas de protesta, sin embargo, actualmente ninguno de los detenidos guarda prisión, puesto que se les otorgó medidas alternativas y quedaron en libertad.

Pero el Jefe de la Policía, manifestó que la posición de la institución es firme. “El que cometió un delito tiene que ser puesto a órdenes de la autoridad competente”, dijo al tiempo de asegurar que el tomarse una fuente de agua y privar de un servicio básico es considerado un delito.

Así también el uniformado aseguró que existieron marchas multitudinarias y pacíficas, sin embargo, sí existieron infiltrados que no obedecían al movimiento indígena y que gracias a la tecnología se puede tener videos, fotografías y más evidencias.

“Inmediatamente que se dieron actos de violencia abrimos una investigación previa en Fiscalía, con conocimiento del juez, entonces con todas estas cosas que pasaron nosotros hemos alimentado esa investigación”, dijo.   

Desmanes

El uniformado manifestó que es la Fiscalía la que debe desarrollar la investigación.

“El hecho de ingresar a una tienda y así se lleve un caramelo es considerado un robo”, aseguró Navarrete, al tiempo de manifestar que los mismos propietarios tienen que impulsar para que se haga justicia y levantar la denuncia respectiva.

De igual forma aseguró que si existieron daños en la ciudad el Alcalde debe ser el primer interesado en que se investigue “porque el reparar eso nos cuesta a todos los ciudadanos”, dijo.

Reacciones

Elizabeth Salinas, abogada penalista, manifestó que en efecto la policía extiende el parte policial a fin de que la Fiscalía desarrolle la investigación y recabe los elementos necesarios para un llamamiento a juicio.

Juan José Simon, coordinador zonal 3 de la Defensoría del Pueblo, aseguró que en efecto este proceso se está desarrollando y lo que desde esta institución se hará es velar para que se cumpla con el debido proceso sin vulnerar los derechos.

Al estar en proceso de investigación aún se desconoce nombres, sin embargo, a nivel nacional la dirigencia indígena aseguró que están trabajando en la liberación de detenidos en todo el país y que además se ha mantenido diálogos con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que no se criminalice la protesta social. “Necesitamos amnistía inmediata”, dijo Andrés Tapia, de la filial de la Amazónica Confeniae. (FCT)

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