El Exteniente Político de Izamba como exfuncionario de la SNAI habría sido uno de los encargados de hacer nexos con los familiares de los presos.
Ante un juez con Fuero de Corte Provincial de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, se formularon cargos para los implicados en el Caso Plaga.
El fiscal provincial de Pichincha expuso el abuso del derecho a través del otorgamiento de acciones constitucionales a presos, esto habría derivado en el cometimiento del delito de delincuencia organizada que se presume se cometía por lo menos desde 2022.
TOME NOTA La Fiscalía formuló cargos por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente hasta antes de la reforma de marzo de 2023, pues los hechos se habrían cometido antes de esa fecha.
Los hechos
La Fiscalía expuso su teoría del caso, en la que determinó e individualizó la presunta participación de los sospechosos.
Los procesados, Hugo Alexander L. O. y Lenin Javier V. V. (abogados en libre ejercicio), junto a otros colegas, habrían captado a reos sentenciados o con prisión preventiva por delitos de asesinato, tráfico de drogas, entre otros, para ofrecerles recuperar su libertad mediante acciones constitucionales ilegítimas, que se tramitaban en cantones en los que sus clientes no cumplían sus penas.
Según el Fiscal, estos favores se prometían a cambio de dinero que, a su vez, era ofrecido a jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.
Agregó que para establecer los nexos con los familiares de los presos, se valían de Omar Israel J. B., José Alfredo M. B. (Exteniente Político de Izamba – Ambato) y José Daniel T. C.
Ellos, como funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), establecían contactos con parientes de los procesados para fijar los montos que debían pagar, a cambio de liberarlos con argucias y abusando del derecho.
En su teoría del caso, el fiscal provincial Hernán Flores Pesántez precisó que en esta trama de corrupción habrían colaborado Franklin Edmundo T. P. (juez), María José L. C. (secretaria de juez), Ángel Harry L. V. (exjuez), Byron Michael O. G. (exjuez), Gary Fabricio P. C. (secretario de juez), Joffre R. R. (juez) y Simón Oswaldo G. T. (exjuez).
En la investigación fiscal también se determinó que los policías Hugo Marcelo A. H. y Marco Patricio C. C. habrían colaborado con esta organización delictiva, proporcionando información reservada del sistema de la Policía Nacional, que les permitía conocer si los presos beneficiarios de la acción constitucional ilegítima tenían boleta de captura vigente o prohibición de salida del país.
De esta manera, alertaban a la organización sobre estos particulares, en caso de que se revocaran los fallos con supuestas irregularidades.
Así, el Fiscal sostuvo que los delitos fines de esta presunta delincuencia organizada eran el tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. (NVP)