Aseguran que las instalaciones se hicieron de manera antitécnica y falta señalética.
El gremio de la transportación interprovincial arremetió contra el funcionamiento de radares y fotorrojos en las diferentes redes estatales del país.
No están de acuerdo con estos dispositivos electrónicos, porque consideran que existen muchas inconsistencias en el proyecto y carecen de una correcta calibración.
Los representantes de la dirigencia nacional aseguran que la instalación de estos dispositivos no cumple la parte técnica e irrespeta las especificaciones enmarcadas en la Ley de Tránsito.
Medidas
Acudieron a las instancias legales para presentar una acción de protección en contra de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), proceso que aún no finaliza.
Sin embargo, los dirigentes indicaron que cuentan con medidas cautelares y esto facultaría la inhabilitación de los radares existentes en el territorio ecuatoriano.
Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Inter e Intraprovincial (Fenacotip), recordó que los radares son preventivos para fomentar la educación vial y no sancionatorios.
“No han cumplido con las homologaciones y estrictamente sabemos que no están bien calibrados. Tampoco han sido bien instalados, tiene que haber señalética vertical y horizontal”, expresó el dirigente.
Gómez explicó que un juez otorgó medidas cautelares para que los radares y fotorrojos dejen de emitir sanciones. Además, próximamente se adjuntará a los municipios que también están a cargo de estos proyectos.
Miguel Bonilla, presidente de la Fenacotip, dijo que los dispositivos han sido instalados de manera antitécnica y en sitios no adecuados para fomentar una verdadera educación vial.
“La acción de protección va para todo el territorio nacional. Por eso los Gads municipales serán parte procesal en la próxima audiencia, para que presenten sus alegatos y el juez de garantías jurisdiccionales administre justicia”, acotó.
El dirigente asegura que atraviesan problemas económicos por este tema. “En cada unidad hay una afectación promedio de 2.000 a 3.000 dólares, si la cuantificamos por 20. 000 carros nos daremos cuenta que el resultado es bastante jugoso”. (JD)
En Santo Domingo
Los dispositivos que sancionan el exceso de velocidad son administrados por la empresa pública municipal de Transporte (EPMT) y aliados estratégicos.
Hay 30 radares y 26 intersecciones semaforizadas con fotorrojos en esta localidad, cuyas sanciones se emiten de 06:00 a 21:00. Desde la EPMT se confirmó que, hasta el cierre de esta edición, no recibían ninguna notificación judicial para que inhabiliten las multas generadas a través de estos artículos.
EL DATO También se adjuntará a los municipios que están a cargo de estos proyectos.
Recursos Los transportistas aseguran que solo un mínimo porcentaje de la recaudación ingresa a las arcas de las instituciones públicas. El restante se lleva las empresas aliadas.