El Ecuador ha llegado a límites extremos que permiten cuestionar con sólidos sustentos su viabilidad económica, fiscal, política, social e institucional, y en general su capacidad como país, para encontrar los caminos hacia la prosperidad.
En este entorno de debilidades, el peso de los sueldos y número de funcionarios públicos, tienen profundas connotaciones negativas. En las últimas décadas, el sector público y sus funcionarios, se han concebido como un botín codiciado por las apetencias clientelares de los políticos y de la casi generalidad de gobiernos de turno. La expansión del números de servidores públicos no ha encontrado un límite de responsabilidad y racionalidad.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS,EXPANSIÓN SIN LÍMITE
A julio de 2022 los funcionarios que cobran a través del Presupuesto del Estado fueron 471.983 (Cuadro 1), y en todo el sector público alcanzaron los 624.527 (Cuadro 2). La falta de transparencia de la información en este campo es hiriente para la sociedad, principalmente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs ) y las empresas públicas, por tanto, en estos sectores se acude a aproximaciones e información poco confiable. El aumento nada responsable del número de servidores públicos ha sido exponencial, basta mencionar que en 2006 cobraban del presupuesto público 345.316 personas y hoy 471.983. En el IESS en 2006 habían 10.803 funcionarios y hoy 34.558.
SUELDOS PÚBLICOS, ELEVADO COSTO Y ESTRUCTURA INVIABLE.
La sociedad en su conjunto destina 9.509 millones de dólares a través del presupuesto estatal, para cubrir el pago de sueldos de 471.983 funcionarios públicos. Como se observa en el cuadro 3, el 74 por ciento de funcionarios, esto es, 347.513 están en los sectores de Educación, Salud, FF AA y Policía. Al agregar quienes trabajan en Universidades, Función Judicial, Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Fiscalía General del Estado, suman 406.220 funcionarios, es decir, el 86 por ciento del total.
El sueldo promedio mensual (incluidos décimos, aporte patronal y otros) de todos los funcionarios que cobran del presupuesto alcanza los 1.678 dólares, en las FF AA 2.336 dólares, en la Función Judicial 2.547 dólares, en la Fiscalía 2.828 dólares. Niveles remunerativos muy por encima de los existentes en el sector privado y del ingreso por habitante del país que solo alcanza los 526 dólares mensuales.
NEGATIVOS COSTOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES
Un peso adecuado del gasto en sueldos del sector público es fundamental para la estabilidad económica y fiscal del país. Sin duda, su dimensión actual atenta contra estos vitales propósitos. El pago de sueldos en el presupuesto estatal representa el 8,4 por ciento del PIB, y en todo el sector público el 9,8 por ciento del PIB, mientras este rubro representaba en 2006 el 6,8 por ciento del PIB (Cuadros 4 y 5). Está lejos de un mínimo de racionalidad económica y social, que todo el esfuerzo de la sociedad al entregar al Estado parte de su trabajo mediante el pago de impuestos como el IVA y la renta, sirva en su totalidad para cubrir el elevado gasto en sueldos del sector público (cuadro 4). En el Presupuesto del Estado, tal gasto representa el 50,7 por ciento del gasto corriente. EL 3,5 por ciento de la población que trabaja en el sector público, consume en el pago de sus sueldos toda la recaudación de IVA y renta.
LACERANTES DESIGUALDES
Un Estado está obligado a encontrar los caminos del progreso en un marco de reducción de las desigualdades económicas y sociales, requisito sine qua non para cimentar estadios de gobernabilidad para alcanzar el desarrollo. El peso de las sueldos públicos encarna lacerantes desigualdades. Como se observa en el cuadro 6, los sueldos promedio en el sector público son muy superiores a los que las empresas o personas que emprenden en el sector privado pueden pagar a sus empleados. La gran mayoría de trabajadores privados percibe sueldos alrededor del ingreso per cápita de 526 dólares al mes o del mínimo vital de $425 dólares. Aquello en el sector formal de la economía, mientras la privilegiada burocracia goza de sueldos promedio entre 1.678 dólares y 2.878 dólares.
Las desigualdades sociales las expande la privilegiada burocracia, cuando 4.5 millones de personas pobres sobreviven con menos de 87,57 dólares al mes o 1.9 millones de personas se debaten en la miseria con ingresos mensuales menores a 49,35 dólares. Además, 5.6 millones de personas están en el desempleo, subempleo y otras categorías, con niveles de vida precarios ante ingresos mensuales de 150, 200, 300 dólares.
EL MITO DEL GASTO SOCIAL
En los presupuestos de 2022, en educación el 85 por ciento se destina a sueldos, en salud los sueldos consumen el casi el 60 por ciento del presupuesto del sector, en la Policía el 95 por ciento y en Defensa el 83 por ciento (cuadro 7). En estos sectores, estratégicos y de preferente atención en un modelo de Estado que tenga el sector privado como motor del desarrollo, la mayoría de recursos se destina al pago de los funcionarios.
En las últimas décadas, los citados sectores han ejercido seculares presiones para obtener aumentos de sueldos. En los recientes meses, paralizaciones y huelgas de hambre del magisterio, condujeron a mejores sueldos de maestros que representan unos 500 millones adicionales en el gasto público, sin que exista ninguna fuente de financiamiento permanente. La desestabilización fiscal se celebra como conquista. El elevado peso de los sueldos en los citados sectores, resta recursos para las infraestructuras y otros gastos sociales, además, profundiza la pobreza de millones de personas a las que supuestamente se pretende atender, al tornarse insostenibles y desajustar las cuentas públicas, efecto que al alejar las inversiones y dificultar el crecimiento de la economía, proscribe el crecimiento y la generación de oportunidades para los más desfavorecidos. Los pobres dejarán de serlo cuando las atenciones sociales sean fiscalmente sostenibles y la economía crezca lo suficiente para crear empleos. En las crónicas carencias de recursos del Estado, urge desmitificar el aporte del gasto social para reducir la pobreza y emprender un serio escrutinio de su tamaño y la eficiencia de estos gastos en pro de los menos favorecidos.
PESO DE LOS SUELDOS PÚBLICOS Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
La sostenibilidad fiscal, entendida como el equilibrio o superávit de las cuentas públicas, es requisito fundamental para la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversiones, el crecimiento de la economía a tasas elevadas, y la creación de empleos y oportunidades para los pobres. La crisis fiscal del Ecuador es profunda, poco entendida, analizada y asumida por la sociedad. Como se observa en el cuadro 8, el déficit fiscal de 2022 será de alrededor de 3.000 millones de dólares, nivel que se repetirá en los próximos años. Saldo rojo en el contexto de un gasto público inflexible y a pesar de los elevados precios del petróleo.
En tal estructura de gasto (cuadro 8), pagar 9.500 millones de dólares en sueldos, que serán 10.000 millones de dólares en 2023 consecuencia de los incrementos de sueldos a los maestros, vuelve cada vez más insostenible la gestión de las finanzas públicas. La magnitud de los sueldos en el sector público es incompatible con la capacidad económica del país, por tanto, es insostenible como lo es el tamaño global del sector público en relación con la dimensión y fortaleza de la economía nacional.
El Ecuador debe emprender un proceso de reducción del peso del gasto en sueldos en el sector público, hasta ubicarlo alrededor del 6 por ciento del PIB. Ratio compatible con unas cuentas públicas sanas y una evolución económica que encuentre la senda del desarrollo. Además, es imperativo un riguroso proceso de búsqueda de la eficiencia del aparato burocrático del Estado, constituido en óbice secular del progreso del país y de las actividades personales y empresariales de la sociedad.
Eco. Jaime Carrera