La primera señal del acuerdo formado con Venezuela la semana anterior es que el Gobierno no tiene una definición técnica y jurídica clara sobre el más grande proyecto de la historia hidrocarburífera del país, el ITT (Ishpingo–Tambococha–Tiputini).
Los elementos de orden político coyuntural son ingredientes adicionales para el desconcierto respecto del rumbo que el Gobierno mantiene en la política petrolera en general y el ITT en particular. Ha habido un zigzagueo de los actores. El mismo convenio que acaba de celebrar en Venezuela hizo antes con las empresas de Brasil, Chile y China. Inicialmente, el Ministerio de Energía tuvo una actitud permisiva para que el Presidente de Petroecuador comande la iniciativa en el proyecto, bajo el argumento de que el ITT fue descubierto por Petroecuador, lo cual es parcialmente cierto. Y el Presidente de Petroecuador en ese escenario adoptó una actitud por demás precipitada.
En esos casos se desconocen las disposiciones jurídicas. El art. 247 de la Constitución dispone que empresas públicas privadas o mixtas podrán explotar los recursos no renovables de acuerdo con la Ley. Y en la de Hidrocarburos no existe la figura de alianza estratégica. Sea con el trío o con el solista (Venezuela), la alianza no es viable. Incluso hay un pronunciamiento del Procurador en el 2004, en ese sentido. Esa alianza sólo se aplica en obras o servicios específicos de Petroecuador. El ITT no es obra ni servicio.
Así ambos actores llegaron a cierta confrontación por los deseos fervientes del uno y la actitud inicialmente pasiva del Ministro, que sólo cuando sale a la luz la aprobación del memorando de entendimiento comienza a tomar acciones. Es inexplicable: tras la posesión del presidente Correa se firmaron 18 acuerdos con Venezuela –uno relativo al ITT– y se conformaron mesas de trabajo. De ellas surgió la propuesta de que Pdvsa y Petroecuador conformen una compañía de economía mixta para desarrollar el proyecto, incluida una refinería y un campo, en la faja del Orinoco, con mayores reservas que las del ITT. Pero, el Consejo de Administración (Cad) aprobó los acuerdos con el trío. El gral. René Vargas, quien se asume bolivariano de cepa y será embajador en Venezuela, con su voto, y sólo con su voto, los avaló. ¿Quién explica eso? Peor aun si esa propuesta era de conocimiento de Petroecuador, el Ministerio y el Presidente. El 80% de este problema concluirá cuando todos los actores decidan cumplir la Ley. No existe otra posibilidad que la licitación, que requiere la definición del esquema conceptual de todo el proyecto, con planta de mejoramiento de crudo y refinación. Sin eso, no se pueden recibir ofertas.
Posiblemente vendrán más errores por tratar de solucionar el tema con una reorganización ministerial. Eso, primero, no arregla el incumplimiento de la Ley. Se necesita la reforma integral del sistema, en eso coincido del todo con el Ministro, en que la noche neoliberal, como la llama, desmembró el sector eléctrico y minero para que se manejen sin dios ni ley. No es que el Ministro tiene mucha carga sino que el sector energético está desvertebrado. Allí sí caben los ejemplos de Brasil o Colombia que tienen agencias de hidrocarburos independientes que obedecen a la política de un ministerio, que tiene el papel cualitativamente superior. Petroecuador celebra contratos petroleros, abastece derivados al tiempo que asume subsidios… cuando debiera ser únicamente una verdadera empresa.
El acuerdo de Venezuela no define la política porque el Presidente avaló las dos tesis, aún hay empate, pero ese no es el problema. El Presidente debe definir que se cumpla la Constitución. La opción es hacer la licitación para escoger un socio y formar una compañía donde Petroecuador tenga decisión. Eso permitirá dar el gran salto cualitativo y convertir al país en exportador de derivados. Expidiendo el reglamento para aplicar el art. 18 de la Ley de Hidrocarburos (sobre compañías de economía mixta) y definiendo el perfil del proyecto, el proceso puede terminar en diciembre y se acaba el conflicto y gana el país.
