El Consejo de Seguridad recomendó al presidente Guillermo Lasso mantener como “secretas” las actas del 28 de marzo, 13 de abril y 17 de abril de 2018. En estas reuniones se conoció del secuestro y asesinato del equipo periodístico.
Tras cumplirse cinco años del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en la frontera entre Colombia y Ecuador, la esperanza de tener nuevos insumos para alcanzar la Justicia por parte de los familiares, todavía deberá aguardar.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) recomendó al presidente Guillermo Lasso mantener la clasificación de “Secreto” de las actas de la instancia del 28 de marzo, 13 de abril y 17 de abril de 2018, en las que se habría conocido información importante sobre el estado del equipo periodístico.
De esta forma, el gobierno del presidente Guillermo Lasso incumplirá la promesa de esclarecer el secuestro y asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, quienes perdieron la vida a manos del Frente Oliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Solicitudes
Las investigaciones se mantienen estancadas ante la falta de insumos que permitan determinar las responsabilidades sobre los funcionarios y organismos que habrían incumplido sus responsabilidades o que no habrían actuado de forma oportuna para apoyar en la resolución de la retención del equipo periodístico.
La presidenta del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Jeannine Cruz, en un oficio enviado a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y fechado el 4 de mayo de 2023. Allí solicitó al general Wagner Bravo Jaramillo que “se sirva gestionar u ordenar la desclasificación de la información relacionada con actas: No. 18, del miércoles 28 de marzo de 2018; No. 19, del viernes 13 de abril de 2018; y. No. 20, del martes 17 de abril de 2018.”
La petición de Cruz en la que relata los antecedentes del caso, las solicitudes de los familiares, así como las recomendaciones realizadas desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también respaldaba la solicitud realizada por el exasambleísta Fernando Villavicencio, ahora candidato a la Presidencia.
‘Secreto’
El actual Secretario de Seguridad Ciudadana, general Wagner Bravo, indicó a LA HORA que la información y las actas sobre el caso fueron clasificadas como “Secretas”, por lo que esta información debe ser desclasificada luego de 10 años.
Bravo indicó que las solicitudes para la desclasificación de la información fueron presentadas al pleno del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y sus miembros “recomendaron al Presidente mantener la clasificación y la reserva de la información”.
La respuesta de Bravo a la solicitud de Cruz fue tajante: “la información clasificada como SECRETA, no ha cumplido con los plazos señalados en la Ley, no ha sido objeto de un proceso de desclasificación o reclasificación y tiene en su contenido estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”.
Bravo destaca además que “de la revisión de la Ley pertinente y al evidenciar que no han transcurrido los plazos sobre la reserva de información clasificada como secreta”. Y finaliza el oficio: “no procede la desclasificación de la información solicitada”.
La posición del Cosepe evidencia un claro cambio de actitud ante la promesa presidencial de revelar la documentación. Teniendo en cuenta las declaraciones que el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Diego Ordóñez, dio a LA HORA en agosto de 2022, señalando que ya se encontraban trabajando en la desclasificación de esa documentación.
“De acuerdo con la ley se tienen que desclasificar documentos luego de diez años o se puede desclasificar por pedidos, y eso pasa al Cosepe. Por ejemplo, se había pedido la desclasificación de la información de la muerte de los colegas de El Comercio, está en proceso, se está documentando”, indicó Ordóñez en ese entonces. (ILS)
‘Lasso tiene el poder de desclasificar’
El hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, Ricardo Rivas, conversó con LA HORA y mostró su decepción ante la decisión tomada por el Cosepe.
Rivas destacó que no comparte la visión que mantiene la fiscal Johanna Moncayo que lleva el caso, pues “aunque las actas son importantes, existen otros elementos que podrían permitir investigar y establecer las responsabilidades cometidas por la omisión de las autoridades”.
A su juicio, “la fiscal utiliza como escudo a las actas”. Rivas considera además que “el Estado se ha confabulado para no permitirnos llegar a la verdad”.
Lamentó que el presidente Guillermo Lasso también se escude en las recomendaciones del Cosepe para no desclasificar la información, teniendo en cuenta que como mandatario tiene en su poder la posibilidad de decidir el cambio de la clasificación y dar a las familias esta información.
Recordó además que siguen a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre el pedido que hicieron los familiares para la protección del derecho a la información. “La CC debe pronunciarse ya”.
“Hemos sido prudentes, pero el Estado nos está obligando a accionar ante los organismos internacionales para hacer respetar el derecho a conocer la verdad”, advirtió Rivas.