De las 277 mujeres, 25 eran menores de edad. La mayoría de víctimas fueron asesinadas por sus parejas. Este 25 de noviembre de 2023 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Ecuador, entre enero y noviembre de 2023, 277 mujeres fueron asesinadas. Estos actos se conoce como femicidos, un delito que se tipificó en 2014, año desde el que entonces 1659 mujeres han sido asesinadas por «la violencia patriarcal», según detalla Fundación Aldea.
La organización que se dedica recopilar datos sobre estos crímenes, señala que un aspecto especialmente preocupante que registran las cifras de la sociedad civil, por primera vez, los femicidios cometidos en sistemas criminales (al menos 130) superan a los femicidios íntimos, sexuales (94) y los transfemicidios (14). Esto resalta la importancia de abordar tanto la violencia doméstica, como también los nuevos contextos de violencia de género en entornos de criminalidad organizada.
Un dato alarmante ha surgido en el análisis de los femicidios en Ecuador en el 2023: el 68% de estos crímenes fueron cometidos utilizando armas de fuego. Esta tendencia ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, lo que subraya la necesidad de abordar la disponibilidad y el uso de armas de fuego en el país.
Para Ana María Pinar, abogada, esta tendencia debe causar alarma más cuando en el 2023 el uso de armas para civiles ya es legal.
¿Qué se odia de nosotras?
Las consecuencias de los feminicidios son devastadoras para las víctimas y sus familias. Según la Fundación Aldea, al menos 74 de las mujeres asesinadas este año eran madres, y como resultado, al menos 122 hijos e hijas han perdido a sus madres a causa de la violencia de género. Además, 13 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
“Continúan los femicidios ante la inacción del Estado feminicida que no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos; no previene las violencias de género en nuestra contra; que no protege a quienes exigen respuestas ante los hechos sufridos que no previene que las violencias de género sucedan; que no protege a quienes buscan una respuesta; que no garantiza el acceso a la justicia” detalla Aldea (AVV)
Leyes quedan en papel
Este 2023, como en años pasados, la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador ha exigido a las instituciones del Estado implementar la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (vigentes desde 2018), pues – a decir de la organización– la falta de un plan nacional ha provocado que la violencia aumenta cada año.
Las organizaciones concuerdan en que para que la Ley cumpla sus objetivos se requiere de voluntad política que van desde fiscalizar rigurosamente su cumplimiento, hasta la asignación de recursos.
En marzo de 2023, se demandó desde la Asamblea Nacional que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y a la Policía cumplan con la ley para que “las mujeres, niñas y adolescentes cuenten con una justicia idónea apegada al debido proceso que no las revictimiza” y que los procesos se lleven a cabo con enfoque de género.
Ana María Pinar, abogada y activista feminista, señala que hay una deuda estatal en cuanto a la asignación de recursos que permite prevenir la violencia; pero también desde la educación “que es lo que va a permitir eradicarla”.
Pinar dice que se debe trabajar más en las escuelas y colegios desde una perspectiva de género. “Si queremos erradicar la violencia, se debe trabajar con las nuevas generaciones, sino, solo alimentamos el círculo de la violencia y toda acción será reactiva, es decir, con mujeres víctimas intentado que se les haga justicia y haya reparación”.
Otra estrategia – señala la activista– es que el Estado trabaje de la mano con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. La misma ONU mujeres ha hecho esta recomendación señalando que estas organizaciones son importantes porque:
- Prestan servicios esenciales para las sobrevivientes
- Promueven cambios en políticas
- Reducen la violencia de género
- Desempeñan un papel fundamental en emergencias sanitarias y humanitarias
- Es apremiante financiar a las organizaciones de mujeres
Medidas administrativas judiciales
Violencia de género
En Ecuador, las boletas de auxilio constituyen una de las 11 medidas judiciales a las que pueden apelar las personas, en caso de existir o para evitar la violencia. Los demás recursos son:
° Boleta de auxilio y orden de restricción de acercamiento en cualquier espacio público o privado.
- Prohibir al agresor acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia.
- Prohibir al agresor el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia; en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata.
- Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta, en la vivienda de la mujer víctima de violencia.
- Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio, a sus hijos o personas dependientes de la misma.
- Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia.
- Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual.
- Disponer, de ser necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia.
- Todas las que garanticen la integridad de las mujeres en situación de violencia.
- Ordenar la inserción, con sus dependientes en un programa de protección en coordinación con el ente rector de las políticas públicas de justicia.
- Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en situaciones deportivas, artísticas, de cuidado o de educación formal e informal
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo.