En Quito se realiza una marcha a favor del decreto 754. Este decreto fue puesto en pausa mientras la Corte Constitucional declara si es o no anticonstitucional. Ante esto, 176 proyectos se encuentran en espera en varias partes del país. (Actualizado a las 18:00)
En Quito este miércoles 09 de septiembre, se lleva a cabo una marcha en la que ciudadanos, trabajadores, campesinos y diversos colectivos se unen para exigir el respeto y la preservación del derecho a la Consulta Ambiental.
Vías cerradas: la 12 de Octubre estará cerrada desde la Av. Tarqui hasta la PTE Wilson. Estos cierres se realizarán paulatinamente mientras avanza la marcha.
Luego subirán por la Wilson hasta la José Tamayo y seguirán por esta calle hasta llegar a la Lizardo García, dónde se encuentra la Corte Constitucional.
Esta manifestación surge en respuesta a la reciente suspensión temporal del Decreto Ejecutivo 754 por parte de la Corte Constitucional, una medida que ha dejado en el limbo más de 176 procesos de licenciamiento y proyectos esenciales para el país.
Hace dos años, la Corte Constitucional estableció que, para obtener una licencia ambiental en Ecuador, ya no bastaba con un registro ambiental, sino que era necesario llevar a cabo una consulta ambiental.
El Decreto tenía como objetivo garantizar este derecho a la Consulta Ambiental para proyectos productivos que requieren Licencias Ambientales.
No obstante, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra este decreto y se solicitó una medida cautelar para suspender el proceso de Consulta Ambiental.
Esta decisión, según el Comité Empresarial Ecuatoriano, ha tenido un impacto económico significativo, estimado en más de dos millones de dólares, al paralizar proyectos en diversos sectores, incluyendo hospitales, textilerías, gasolineras, restaurantes, cementerios, obra pública, hidroeléctricas, petroleras, minas y otros.
Además, este el Comité Empresarial asegura que «en momentos donde la inversión y la estabilidad son importante para el país, la paralización de tramites para la licencia ambiental, genera inseguridad jurídica y fomenta las actividades ilícitas».
La falta de licencias ambientales bloquea inversiones y empleos, afectando a estudiantes, profesionales, trabajadores, empresarios, comunidades y la ciudadanía en general.
La marcha, que tiene lugar en Quito, reúne a sectores de diversas provincias, incluyendo Cotopaxi, Bolívar, Pichincha, Imbabura y Tungurahua. Además, cuenta con la participación de estudiantes de carreras afines y representantes de gremios industriales como la Cámara de Minería.
Los manifestantes están unidos en su llamado a la defensa de los derechos de las comunidades afectadas y en su búsqueda de un futuro mejor para todos los ecuatorianos.
El decreto estará suspendido hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, mientras tanto, muchas empresas tendrán que detener inversiones, despedir empleados y suspender iniciativas que estaban destinadas a beneficiar a las poblaciones locales.
El Comité de Empresarial Ecuatoriano solicita que la suspensión del decreto sea reconsiderado. Esto teniendo en cuenta el impacto negativo para la seguridad jurídica y desarrollo socioeconómico del país.
María Paz Jervis, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, asegura que hay preocupación en ese gremio, uno de los más fuertes del país. «Esta decisión afecta a las nuevas industrias en sus actividades que estaban iniciando, a las que se encuentran en proceso y por supuesto evita nuevas inversiones. Es decir, afecta a cualquier nuevo negocio y a cualquier actividad que tenía planificado realizar mejoras precisamente en temas de sostenibilidad», señaló en un comunicado.
Además, que esto afecta a la imagen internacional del país. «Esto ha provocado que el país no sea atractivo para los inversionistas extranjeros, haciendo que todo ese capital se inyecte en países vecinos afectando al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo social». (EC)