Ivonne Coloma advirtió que la ponencia de Fernando Muñoz blinda a los jueces del TCE al señalar que solo podrán ser sancionados por acciones de queja (con la cual un juez no puede ser destituido por infracciones electorales).
Un proyecto de sentencia planteado por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz, divide a los jueces de este tribunal de última instancia de la jurisprudencia electoral.
En la sesión del TCE del 9 de junio de 2023, Muñoz invocó el articulo 76 numeral 3 de la Constitución y 270 numeral 3 del Código de la Democracia para, determinar como regla jurisprudencial, el trámite para solicitar las sanciones de servidores electorales a quienes se les impute el cometimiento de una infracción electoral.
Sobre esa base, Muñoz mencionó lo previsto en el artículo 270 numeral 3 del Código de la Democracia: la acción de queja se interpone ante el Tribunal Contencioso para la resolución del juez en los casos “por infracciones a las leyes, los reglamentos o las resoluciones por parte de los vocales, consejeros o servidores públicos de la administración electoral”.
En la misma sesión, Ivonne Coloma, vicepresidenta del TCE, advirtió que la ponencia presentada por Fernando Muñoz blinda a los jueces del TCE señalando que únicamente podrán ser sancionados por acciones de queja (con la cual un juez no puede ser destituido, ni suspendidos los derechos políticos).
Coloma mencionó que el Código de la Democracia, determina que, en este caso, la única sanción es la pecuniaria, a diferencia del resto de servidores electorales en los cuales, sí cabe la destitución, la multa y la suspensión de los derechos políticos.
Para Ivonne Coloma, el análisis jurídico de este caso debe responder al plano jurídico, ético y moral, y pidió respetar el debido proceso.
Por ello, solicitó que, antes de que se apruebe el proyecto de Muñoz, se realicen consideraciones previas en la medida en que se ha configurado lo dispuesto en el articulo 304 del Código de la Democracia, esto es la prescripción del proceso contencioso electoral.
Este artículo del Código dice que “la acción para denunciar las infracciones previstas en esta ley prescribirá en dos años. La prescripción del proceso administrativo o contencioso electoral será de dos años desde la denuncia, pero en este caso, serán sancionados los responsables de la no continuidad del proceso con la pérdida de su cargo. La sanción prescribirá luego de cuatro años de ejecutoriado el fallo”.
LOS ANTECEDENTES
El artículo 270 del Código de la Democracia prevé la acción de queja como el mecanismo procesal que “permite a los ciudadanos solicitar se sancione a los servidores electorales cuando sus derechos se consideren perjudicados por actuaciones o falta de respuesta o por incumplimiento de la ley o de sus funciones”.
Esta polémica entre los jueces, deviene de una falta de pronunciamiento del Tribunal Contencioso a una denuncia que presentó en diciembre de 2020 el ciudadano Manuel Pérez, por presunta infracción electoral en contra de los jueces Arturo Cabrera, Patricia Guaicha, Ángel Torres, Joaquín Viteri, Guillermo Ortega y Juan Maldonado, en la que los acusaba de haber actuado irregularmente dentro de una causa relacionada con la vigencia de un movimiento político.
De acuerdo con la denuncia, los magistrados habrían estado incursos en lo previsto en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia.
En la sesión del 9 de junio de 2023, Fernando Muñoz, presidente del TCE, argumentó que la denuncia de Manuel Pérez presentada en contra de todos los jueces del Tribunal (excepto Muñoz) ha tenido muchos obstáculos. Uno de ellos, es que faltaban jueces para integrar el pleno y no había un proceso de conjueces.
Muñoz también recordó que, en ese momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) estaba en una dinámica de convocar a todos los concursos. «En ese momento, se pensó que esperar unos meses para la renovación de los jueces era lo más prudente tomando en cuanta que todos los inculpados eran jueces», señalo el presidente del TCE.
La denuncia de Manuel Pérez ha pasado sin ser tramitada por los jueces del TCE 2 años, 3 meses y 3 días. Esta causa está en limbo.
La sesión del pleno del Tribunal para continuar con este tema se retomaría la próxima semana.(SC)