Esas estaciones pasaron a manos del Estado en 2012, pero nunca fueron eficientes ni ayudaron a reducir el contrabando de combustibles.
Dentro de la nueva política petrolera, establecida por el presidente Guillermo Lasso en el decreto No 95, se ordena que Petroecuador venda de manera inmediata todas las estaciones de servicio de su propiedad.
En total, esas estaciones suman 48 y están ubicadas en zonas de frontera y las islas Galápagos. Hace 9 años (2012), el Gobierno de Rafael Correa emitió un acuerdo ministerial y obligó a que esos negocios pasaran a manos del Estado.
En teoría, se buscaba reducir el contrabando de combustibles y controlar la comercialización. Sin embargo, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), puntualizó que no se cumplió con ninguno de esos objetivos.
«Los problemas de contrabando siguen igual y esas estaciones se convirtieron en un lastre porque sus costos de operación son mayores que las privadas», dijo.
En este sentido, la venta es una necesidad que fue propuesta a Lasso cuando todavía era candidato a la presidencia. Sin embargo, Petroecuador deberá analizar si incluye a las tres estaciones en Galápagos.
«El combustible que se distribuye en las islas es el más subsidiado del país. El costo del transporte está completamente asumido por el Estado y si pasa a privados ya no podrá ser así», acotó Erazo.
Las comercializadoras que llevan el nombre de Petroecuador en las grandes ciudades no están incluidas en la medida, debido a que funcionan con el mecanismo de franquicia. En otras palabras, un privado asume la operación y firma un contrato de distribución con Petroecuador.
Aunque el decreto establece un plazo máximo de 100 días para que Petroecuador venda, el proceso puede concretarse mucho más rápido. Las autoridades deben calcular el valor de cada estación y llamar a una licitación pública.
Precios más altos, pero el contrabando sigue
Según estimaciones del Ministerio de Gobierno, el contrabando de combustibles le cuesta al país alrededor de $400 millones anuales. El aumento del precio de los combustibles, dentro del sistema de bandas, no desincentiva ese negocio ilícito. El costo de las gasolinas en los países vecinos es mucho más alto porque se encuentra a niveles internacionales.
En el país, la calidad no es buena y los subsidios han tapado por años las ineficiencias. En el caso de la gasolina extra, solo hace falta un mes y medio más de ajuste para que ya no tenga subsidio; para la eco país, el plazo es de dos meses y medio.
Así, hasta octubre 2021, el único costo cubierto por el Estado será el del diésel. Sin embargo, todavía falta por definir cómo se hará la focalización o compensación a los transportistas. El gobierno y los gremios del sector ya han tenido cinco reuniones de trabajo y se espera la culminación de un estudio técnico. (JS)