Organizaciones sociales se pronunciaron contra el decreto de Urgencia Económica

ACCIÓN. En caso de existir una aprobación del decreto de ley, las organizaciones no descartan movilizaciones en todo el país.
ACCIÓN. En caso de existir una aprobación del decreto de ley, las organizaciones no descartan movilizaciones en todo el país.

Organizaciones sociales, sindicales y jubilados de Loja, realizaron su pronunciamiento ante el decreto de la Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia Económica enviado a la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo que a decir de sus representantes, estaría afectando a diversos sectores del país.

Gilbert Granda, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) núcleo de Loja, mencionó que el decreto enviado por el presidente Guillermo Lasso buscaría una reducción del presupuesto para la educación y salud. 

“Esto se lo trataría de ejecutar a través del presupuesto destinado en el último trimestre del 2022, lo cual iría en contra de la constitución y las normativas vigentes porque buscan que los presupuestos que no se gastaron en estos dos rubros, sean incluidos para el 2023, situación que implica una reducción de los presupuestos que deben asignar para este año”, señaló. 

Aseguró que el decreto ley se saldría de lo establecido en las normativas vigentes porque se plantearía que ´El estado ya no aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el fondo de pensiones el 40%, sino sería únicamente con el 33% del presupuesto asignado para cubrir estos rubros´. 

Esta situación ha generado que diversos sectores como el Frente Unitario de Trabajadores, Frente Popular, Unión Nacional de Educadores, Sindicado de Obreros Municipales se han unido a nivel de Loja, Quito, Cuenca y Guayaquil estén vigilantes para observar cuál será la resolución que decida la Corte Constitucional que entrará en debate sobre este tema el 26 de septiembre desde las 15:00

María de la Nieves Vidal, presidenta de la Asociación de Jubilados de la Empresa Eléctrica, comentó que a través de estas acciones se busca la privatización de varios sectores, situación que las organizaciones rechazan rotundamente.

“El IESS es de los trabajadores, no del Estado. En Loja existen 500 juicios de coactivas contra diversas empresas por no pagar la seguridad social. Qué hacen las autoridades para cubrir estos gastos pendientes”, sentenció.