Temas relacionados a la niñez, movilidad humana, discapacidades, trabajo sexual y protección de derechos son prioritarios para la ciudad.
En Quito, 18,5% de las personas del área urbana vive en pobreza, en el área rural la cifra alcanza el 19,76%. Estas cifras hablan de las condiciones de vulnerabilidad de una ciudad en las que hay tareas pendientes en temas de trabajo infantil, movilidad humana o habitantes de calle.
Fernando Sánchez Cobo, secretario de Inclusión de Quito, detectó estos y otros problemas y se planteó aclarar el camino hacia políticas de inclusión reales en Quito.
«Uno de los problemas es que no tenemos datos. Para suplir eso, estamos terminando el diagnóstico situacional de los grupos de atención prioritaria. La metodología del censo nacional ha sido muy cuestionada y creemos que no nos van a dar datos hasta 2024. Si somos responsables, no podíamos dejarles a las próximas administraciones sin datos para que puedan tomar decisiones», dijo.
Su administración emprendió un estudio que permitirá tener una radiografía de la situación de los grupos vulnerables en la ciudad. Esto, destaca, es uno de los pilares más importantes para la generación de políticas públicas y toma de decisiones.
Desde su despacho, habla sobre las tareas con las que el alcalde electo Pabel Muñoz puede mejorar la inclusión social.
Las cifras sobre trabajo infantil están desactualizadas. ¿Qué se ha hecho para tratar a este grupo de vulnerabilidad en la ciudad?
Hay que entender qué se necesita para erradicar el trabajo infantil. No es que porque exista un plan ya desaparecen los guaguas o están incorporados a la escuela.
Estamos planteando la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia para que se cree un Consejo de Igualdad que tenga participación ciudadana. El Patronato mantiene proyectos de control, pero se necesitan programas con niños trabajadores en calle. Eso se nos quedó en el tintero, no pudimos hacer un censo diagnóstico. Eso le queda a la próxima administración.
Según datos de 2019, 72,8% de niños callejizados estudia y trabaja. El 45,8% tiene entre 5 y 14 años.
El cierre de los Guagua Centros fue muy criticado. Esta administración intentó retomarlos bajo el nombre de Quito Cuna. ¿Qué más se está haciendo en temas de desarrollo infantil?
Existen 53.000 niños de hasta 3 años que se deben atender con servicios de desarrollo infantil en Quito. El MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) atiende a 14 mil chicos. Con el proyecto Quito Cuna y otras iniciativas hemos aportado para llegar a los 33 mil niños atendidos. Aún faltan 20 mil por atender y esto le queda a la próxima administración. En esta administración ya dejamos identificados cuáles son las zonas atendidas y por atender. El objetivo es que se llegue al 100% de cobertura.
Quito Cuna incorpora temas de salud, educación y crianza. El programa plantea la construcción de 108 centros.
¿Cuáles son los aspectos que se pueden mejorar en temas de movilidad humana?
Ese tema está pendiente desde hace 14 años. En la época de Paco Moncayo se formuló una ordenanza qué disponía elaborar un plan de movilidad humana, pero no se hizo. Quito es una ciudad de destino y tránsito de migrantes. Alrededor de 100 mil extranjeros viven en Quito. Cuando uno ve caminantes cargando sus cosas llegando a Quito, ¿quién sale a decirles en qué lugares pueden tener acceso a servicios o pueden bañarse hasta que se ubiquen? No hay nadie. Para esto creamos un modelo de atención. La idea es que se ponga un tótem informativo, que se ponga en peajes o terminales terrestres para que las personas que lleguen sepan a qué tienen derecho y dónde pueden tener acceso a información o servicios. Por otro lado, ¿qué oferta interinstitucional e intersectorial tienen las personas en movilidad humana? Nos preocupan dos cifras que han sido producto de nuestros diagnósticos. Uno, que existen 150 extranjeros habitantes de calle. No hubo institución que les proteja o plantee otra alternativa. Pero si eso es grave, los datos del SNAI, a nivel nacional, dicen que hay 3.500 extranjeros que están en el sistema de rehabilitación social. Llegaron y la economía o el modelo de país no les pudieron plantear alternativas y el sistema de rehabilitación los tiene detenidos. Estos fracasos nos llevan a pensar que es fundamental contar con un modelo de atención que agrupe y defina quién hace qué, qué hace cada institución y Municipio. Hay que trabajar por esto.
P. ¿Qué ha hecho el Municipio para atender a las trabajadoras sexuales y qué pendientes quedan con este sector?
En Quito existen aproximadamente 2.500 trabajadoras sexuales, que trabajan en night clubs. También están quiénes trabajan en la calle. En este tiempo de transición no hemos podido asumir y promulgar un plan. Pero hemos dejado lineamientos de políticas para tratar el trabajo sexual. Hemos propuesto que se carneticen las personas que trabajan en la calle y se pueda identificar quiénes son para evitar el tráfico y trata de personas. Además, ese carné sería la llave que abre las puertas a todos los servicios municipales: salud, educación y acceso a crédito. No logramos llegar a acuerdos con las asociaciones del Centro Histórico. Propusimos un plan de convivencia, por el tema de los horarios de trabajo, pero no logramos acuerdos. Tampoco en los lugares en los que se dediquen a trabajar.
La próxima administración parte con dos diagnósticos. Además, la propuesta de plan que tendrán que validar y avanzar.
P. ¿Qué se ha hecho en Quito en pro de las personas con discapacidad?
Hemos trabajado desde el Metro, el sistema público y privado de transporte. Estos deben ser normados. El proceso de un Plan de Accesibilidad Universal al Transporte Público lo dejamos plasmado. Lo que se nos queda fuera es la tarifa 0 para personas con discapacidad. Ojalá la próxima administración pueda emitir una ordenanza o resolución para que, ni en el Metro ni en el sistema público, una persona con discapacidad pague el pasaje.
El Municipio busca convertirse en un ente de apoyo para la protección de derechos y lucha contra la violencia, ¿qué se ha hecho para garantizar esto?
Hemos impulsado la creación de más Centros de Equidad y Justicia en el área rural. Con estos espacios, hemos llegado en 2022 a tratar alrededor de 10 mil casos de violencia a través de los Centros de Equidad y 5.000 casos en Juntas de Protección de Derechos (espacios destinados para mujeres y niños). Estos dan un total de 15 mil casos.
El año pasado, al 911 llegaron 25.675 llamadas por violencia en Quito. Esto quiere decir que atendimos más de la mitad con estos centros. Para esto es de suma importancia tener una persona en el 911, que deriva las llamadas relacionadas a violencia a los centros y juntas. Se nos queda crear Juntas Protectoras de Derechos en Solanda, Los Chillos, Píntag o Conocoto. Estos proyectos cuentan con informes técnicos listos, para que la próxima administración los continúe. (ECV)