Según Juan José Morillo, el CJ no tiene los $500 millones de presupuesto que tenían las anteriores administraciones.
Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) defiende la gestión de la actual administración que ha abonado -dijo- a frenar actos de corrupción y al crimen organizado.
Mencionó, por ejemplo, que estableció la primera unidad de lucha contra la corrupción integrada por catorce jueces especializados y lo catalogó como “histórico” y “sin precedentes” en el país.
“No necesitamos jueces todólogos; necesitamos jueces especializados en todas las materias porque la multicompetencia no es un modelo de gestión que el país requiere”, comentó.
Además resaltó la creación de un protocolo nacional para la destrucción de sustancias sujetas a fiscalización que se hallaban en poder de la Policía Nacional y de la subsecretaría de Control y Administración de Sustancias Sujetas a Fiscalización. Desde el 1 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021 “había toneladas de droga almacenada”, aseguró.
El CJ estima, hasta fines de 2022, destruir alrededor de 30 toneladas de droga almacenadas en los diferentes acopios.
El 20 de diciembre de 2020, la Judicatura impulsó una reforma para liderar los procesos de justicia abierta para establecer una “verdadera” política pública dentro del país; además de un Código de Ética para prevenir la práctica de conductas que deriven en el flagelo de la corrupción.
Sin embargo, Morillo reconoció que es necesario reforzar las medidas implementando mecanismos tecnológicos para mejorar la administración de justicia en el país, y volver los ojos a la educación y la formación en valores.
Recordó que el CJ no tiene los $500 millones de presupuesto que tenían las anteriores administraciones; este Consejo tiene 350 millones asignados al presupuesto anual, de los cuales el 96% está destinado al pago de salarios de servidores judiciales.
“Por parte del Consejo no existe indolencia hacia sus servidores judiciales”, aseguró Morillo, pero anticipó que los narcogenerales o narco jueces mencionados por el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, tendrán que responder ante la justicia. “Como Consejo tendremos que responder ante el país a fin de que exista una verdadera justicia y no impunidad”, señaló en respuesta a las críticas de Fitzpatrick.
En una” Jornada internacional: iniciativas anticorrupción” organizada por la Universidad Andina “Simón Bolívar” el diplomático criticó, este jueves 15 de diciembre de 2022, al sistema judicial del país y habló de la existencia de información que debería utilizarse para luchar contra la corrupción y el narcotráfico, pero que no se utiliza eficientemente.
“Las fuerzas del orden de la Policía, la Fiscalía y los jueces tienen que entender lo que ya tienen en sus manos. Hay información; solo deben preparar bien los informes”, sugirió el diplomático.
Alertó también que los jueces emiten fallos «para proteger a narcos, matones y a sus testaferros», y habló de la posibilidad de que la justicia ecuatoriana contemplaría la posibilidad de devolver $10 millones a la familia de alias “El Patrón” Leandro Norero.
El gobierno norteamericano ya ha retirado visas a miembros de alto nivel de la Policía Nacional, a jueces y otros funcionarios judiciales relacionados con corrupción o narcotráfico. (SC)
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