Cortar las injerencias partidistas en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales son propuestas para una reforma política en la cual parecería haber consenso desde hace tiempo si se dan crédito a declaraciones de los representantes de los partidos políticos y movimientos sociales.
En el primer caso, la forma de elección de los vocales privilegia la representación corporativa y el peso político: siete vocales son elegidos por los diputados entre ternas enviadas por el presidente de la República, los alcaldes y prefectos, la cámaras de la producción, las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y dos son elegidos de entre candidatos seleccionados por el Congreso.
El Tribunal Constitucional bien podría ser una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, en la que opere también la cooptación. Solo la independencia partidista permitirá recuperar credibilidad al máximo juez de la constitucionalidad en el país.
En cuanto a la función electoral, la actual configuración convierte a los tribunales en instancias políticas en manos de los partidos; el país no cuenta con un organismo de justicia y control electoral: ahora los representantes de los partidos tienen el papel de jueces y partes en los procesos.
Otra función es la de carácter técnico para organizar y ejecutar los proceso electorales, en la cual la entidad que se halla a cargo debe contar en ese proceso con la veeduría de los partidos y de la ciudadanía.