Por los robos en Pifo se activó un grupo privado de seguridad. Sus acciones estarían por fuera de la Ley. Conozca los detalles.
Las calles, plagadas de comercio, dan la bienvenida a Pifo, una de las parroquias rurales más grandes del Distrito Metropolitano de Quito, que ahora enfrenta problemas como la inseguridad. Los robos y hurtos en diferentes barrios o en zonas cercanas a instituciones educativas han obligado a la población a recurrir los servicios de seguridad de una entidad que pudiera ser considerado un grupo irregular.
Esta agrupación, que se autodenomina Grupo de Rescate Pifo, llegó a la parroquia con el aval del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD). Así lo relata Luz Mary Tandayamo, habitante y coordinadora de capacitaciones en el GAD.
Aunque la organización se atribuye la experticia en labores de rescate y apoyo paramédico, altas fuentes relacionadas a la gestión de riesgos y equipos de respuesta aseguran que este tipo de agrupaciones son ‘irregulares’.
Esto, debido a que, para posicionarse como entidades oficiales de rescate y apoyo, estas agrupaciones deben estar avaladas tanto por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), a escala nacional, como del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) de las Naciones Unidas, a nivel internacional. Sin embargo, la última resolución de acreditación de la SNGR solo registra nueve equipos de rescate avalados en el país. Entre estos no aparece el Grupo de Rescate Pifo, según comprobó este Diario.
¿Acciones ilegales?
Entre sus labores en la parroquia, la agrupación y la empresa Legion Security, se han convertido en una especie de entidad de seguridad para la zona.
Carlos Olmedo, presidente de la Junta Parroquial de Pifo, asegura que miembros de la empresa han realizado rondas de vigilancia en la zona «para que se sienta algo de seguridad en la parroquia».
Luis Grijalva, presidente del Comité de Padres de Familia de la unidad educativa Charles Spurgeon, asegura que recurrieron a esta empresa. Ellos pidieron «patrullajes en los alrededores del colegio a la hora de salida de los estudiantes». Para esto, se habría propuesto el pago de $1 por estudiante, por año lectivo.
«La decisión se tomó por la falta de oídos de las autoridades. Se conversó con Policía e Intendencia y no hubo acciones», dice.
Diego Quiroga, comandante de la Policía del Distrito Tumbaco, muestra su preocupación ante este tipo de actividades que califica «claramente ilegales».
«Esto es ilegal. Ellos no pueden ni realizar, ni cumplir con competencias que son de Policía Nacional», explica. «La función de seguridad ciudadana y orden público es privativa únicamente del Estado. Incluso, para hacer uso de la fuerza, el único que puede ejercerla es el Estado. Cuando esto se hace desde un civil, esto deja de ser uso de la fuerza y se convierte en violencia».
Carlos Blanco, oficial en servicio pasivo de la Policía y experto en seguridad, explica que la seguridad en espacios públicos es únicamente responsabilidad del Estado. Esto, según el artículo 163 de la Constitución.
«Las empresas de seguridad privada puede realizar patrullajes y acciones de vigilancia únicamente en espacios privados. Por eso hay urbanizaciones donde hay patrulleros con luces amarillas de seguridad privada y que están garantizando la seguridad en la zona», dice.
El Grupo de Rescate Pifo, además, cuenta con jóvenes de la parroquia, a quienes los capacita antes de que pasen a formar parte de la organización.
«Este tipo de acciones pueden derivar en autodefensas y situaciones paramilitares, que complican más la situación del país y generan violencia», asegura Blanco.
Asegura que no se los puede llamar grupos paramilitares o parapoliciales a estas agrupaciones, «porque estos tienen otras connotaciones y contextos de apoyo desde el Estado».
La organización asegura trabajar en capacitaciones con Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE). Como parte de estos acercamientos habrían logrado gestionar, incluso, la entrega de sillas de ruedas a personas necesitadas en la parroquia.
Sin embargo, desde el Comando Conjunto, FAE y Ministerio de Defensa niegan cualquier nexo con este tipo de grupos. Aseguran que este tipo de donaciones se realizan directamente desde la Escuela de Fuerzas Armadas y todo esto se publica en sus redes sociales.
En el Facebook CulturiPifo se pueden ver imágenes de capacitaciones brindados por instructores del Grupo de Rescate Pifo a uniformados. También videos de los procesos de capacitación e incorporación de jóvenes.
Grupo desmiente que se hayan realizado patrullajes
Andrés Subía, coordinador del Grupo de Rescate Pifo y coordinador zonal de la empresa Legion Security, asegura que la entidad no ha realizado patrullajes en la parroquia.
Subía explica que lo que hace el grupo es brindar capacitaciones a instituciones y a la comunidad en temas relacionados a primeros auxilios y rescate, «mas no en el campo de acción».
«Yo lo que hago es certificar a personas en rescate a través del Ministerio de Trabajo«, dice.
Con respecto a las acciones de seguridad, asegura que la empresa Legion Security no tiene nexos con el Grupo de Rescate Pifo. «Los padres de familia pidieron seguridad privada y un puesto de guardianía. (…) Esto no se concretó y se quedó en nada», explica. «Iban a cobrar $1 a cada estudiante para poner seguridad privada«.
Además, explica que lo que se planteó con el GAD Parroquial es realizar «labores de vigilancia, no patrullajes, en la zona del centro». Sin embargo, asegura, esto tampoco se concretó. (DLH)